Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación, Hacienda y Presupuesto y Desarrollo Social aconsejaron el rechazo de la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley 6795/2021, que establece condiciones y exigencias para la suspensión o exclusión de las personas adultas mayores al régimen de la Pensión Alimentaria establecido en la Ley 3.728/2009.
El senador liberal Amado Florentín había presentado la iniciativa tras detectar innumerables denuncias de compatriotas que fueron excluidos injustamente por la autoridad de aplicación, el Ministerio de Hacienda, luego de realizar supuestos censos al margen de lo que dispone la norma vigente.
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Se trata de personas que fueron beneficiadas con la pensión alimentaria otorgada por parte del Estado paraguayo, según la Ley 3728/2009 y sus modificatorias. El proyecto ahora pretende limitar expresamente quiénes no podrían ser beneficiarias de la pensión alimentaria.
Asimismo, establece que solo podrán ser bloqueados o excluidos aquellos que reciban una remuneración del sector privado o público, tales como sueldo, jubilación, pensión o seguro social, sean contribuyentes del IRP o IVA que declaren ingresos superiores a dos salarios mínimos.
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En diciembre de 2019 se sancionó la modificación y ampliación de la Ley 3728/09 del derecho a la pensión alimentaria para personas adultas mayores en situación de extrema vulnerabilidad social, eliminando el censo y universalizando el beneficio de forma automática a los que cumplan la edad pertinente.
Sin embargo, se realizaron varias denuncias de adultos mayores que fueron excluidos del beneficio, razón por la cual se había convocado a autoridades para explicar por qué se realizaron censos con indicadores que excluyen a personas mayores de 65 años.
El proyecto fue girado nuevamente a la Cámara de Diputados para su consideración, tras el rechazo al veto del Ejecutivo.
