El proyecto de ley que ahora cuenta con media sanción en el Congreso establece un subsidio de G. 500.000 para los trabajadores cuentapropistas, dependientes y aportantes de IPS despedidos durante la pandemia.
Según la propuesta de normativa, la trasferencia económica se podrá otorgar hasta cuatro veces por cada trabajador, mayor de 18 años, no cotizante. Se excluye a jubilados y empleados del sector público, así como a beneficiarios de otros programas sociales.
Los cuentapropistas, beneficiarios de los dos primeros pagos, que deseen recibir el tercer y cuarto desembolsos tendrán la obligación de inscribirse como contribuyentes.
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Los senadores aún no definieron si para el pago del nuevo subsidio se autoriza al Gobierno la realización de empréstitos o emisiones de bonos por valor de USD 100 millones o si se financiarán con remanentes de la Ley de Emergencia Sanitaria.
El texto será remitido a la Cámara de Diputados para su estudio y de aprobarse se requeriría de unos 10 días para su promulgación y los primeros desembolsos, según dijo el ministro de Hacienda, Benigno López.
Hacienda sugirió al Senado utilizar como base el listado que ya tiene de los beneficiarios anteriores y abrir otro registro para la inscripción de los que no están.
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El Gobierno anunció que la prioridad será Alto Paraná, en especial Ciudad del Este, y luego se sumarán las demás ciudades de frontera. En el Este son unos 90.000 los beneficiados registrados hasta la fecha.
Alto Paraná retrocedió de nuevo a una fase de cuarentena estricta por 14 días a raíz del aumento de casos de Covid-19 en esa zona del país. El anuncio se realizó este miércoles y fue motivo de violentas protestas por parte de sus pobladores.
