En Estados Unidos la fiebre de la inteligencia artificial ya llegó a la factura de luz. Según un informe del estudio Latham & Watkins, los centros de datos consumieron cerca del 4% de la electricidad del país en 2024 y podrían llegar al 12% en 2028. En estados, como Virginia, Illinois y Ohio, las tarifas subieron entre 12% y 16% en un año, según datos de la cadena CNBC. En febrero, los senadores Josh Hawley y Richard Blumenthal presentaron la GRID Act, un proyecto bipartidista para que los hogares no paguen esa expansión.
Malasia fue el destino estrella de esas inversiones, atraídas por sus tarifas bajas. El costo llegó rápido: Según el portal de noticias especializado en tecnología, Product Nation, en un año los centros de datos triplicaron su peso en la demanda eléctrica. El estado de Johor frenó por 18 meses las ampliaciones que enfrían con agua, y el primer ministro Anwar Ibrahim advirtió que el crecimiento sin control podía encarecer la luz de los hogares. Actualmente, según recogió el diario The Sun, el ministro de Inversión, Johari Abdul Ghani, asegura que el país ya no ofrecerá energía y agua baratas sin beneficios concretos para el país.
A Paraguay, de la mano de Araico llega Crusoe, la empresa que, según el portal especializado DatacenterDynamics, construyó en Abilene, Texas, el primer campus del proyecto Stargate para OpenAI, la desarrolladora de ChatGPT. Nació en la minería cripto alimentada con gas. Y desembarca cuando, según la BBC, el Banco de Inglaterra, el FMI y el jefe de JP Morgan, Jamie Dimon, advierten sobre “una posible burbuja de la IA”.
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En Brasil, la china ByteDance, dueña de TikTok, construye en Ceará, según Bloomberg Línea, su mayor complejo de centros de datos fuera de China, con energía eólica y una inversión estimada en 200.000 millones de reales. El pueblo indígena anacé y el instituto de consumidores Idec lo denunciaron ante el Ministerio Público, según el diario O Povo: Alegan que agravará la escasez de agua en una zona con historial de sequía.
En Paraguay, el 22 de octubre, la ANDE firmó con Kuntur, vinculada a Araico, y el suministro será de hasta 286 MW durante 15 años para un centro de datos en Yguazú, con una tarifa inicial de 48,91 a 56,39 dólares por MWh. Araico se asoció con Crusoe, según anunció el Departamento de Estado de EEUU; la empresa prevé operar desde mediados de 2027 con 106 MW, ampliables a 280. Alejandro Zuccolillo, CEO de Araico, lo presenta como “el contrato más lucrativo en la historia de la ANDE”.
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El potencial energético
El ingeniero Guillermo López Flores analizó las distintas industrias electrointensivas instaladas en Paraguay y advierte que no todo consumo digital es igual. “La política energética debe ser más quirúrgica, evitando confundir ‘tecnología avanzada’ con ‘desarrollo económico’”, alerta el especialista.
Según su análisis sobre la teoría del derrame en estas empresas electrointensivas, un centro de IA de hiperescala deja poco: “Los ingenieros que aprovechan esos modelos están en Silicon Valley o Europa, y acá quedan la obra civil y un consumo voraz”. Como el grueso de su inversión son chips importados, no necesitan una tarifa preferencial para venir.
“Dar la misma tarifa o los mismos beneficios a una granja de criptominería o a un data center de hiperescala que a una planta de HVO o de fertilizantes es un error de asignación de un recurso estratégico”, explica. En ese sentido, propone que “los incentivos salgan de una fórmula que pondere empleo por MW, valor agregado local y flexibilidad de la carga”.
El problema es el reloj
El Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE) proyecta que hacia 2030, Paraguay consumirá toda su energía de Itaipú y Yacyretá, con un posible déficit desde 2031 y la necesidad de importar entre 500 y 1.000 MW por año. En 2025, la ANDE estimó que necesita 12.000 millones de dólares para expandir el sistema y solo tenía 174 millones asegurados. López Flores matiza que el crecimiento genera su propia energía, como ocurrió en Corea o Taiwán; por eso importa a quién se asigna hoy cada megavatio.
Para la ingeniera Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía, la ley fija una tarifa técnica que hoy rondaría los 91 dólares por MWh. “Tenemos todo el derecho a vender nuestra energía a quien queramos; lo negativo es venderla más barata a alguien que no nos da ningún beneficio”, afirma. Y recuerda que una iniciativa por una tarifa social, con más de 48.000 firmas, sigue esperando en el Congreso.
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