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Senado aprueba recorte de privilegios para autoridades de rango superior

La Cámara de Senadores concluyó este viernes, en sesión virtual, el estudio del proyecto de ley por el cual se eliminan los privilegios para todas las autoridades de rango superior de todas las instituciones del Estado. El texto se remite a la Cámara de Diputados.

Los recortes de privilegios aprobados en la Cámara de Senadores incluyen la provisión de combustible para fines personales, servicios de telefonía móvil y provisión de bocaditos.

El recorte de privilegios en cargos públicos es un pedido histórico de la ciudadanía y su estudio se da en el contexto de la pandemia del coronavirus, donde miles de personas sufren el impacto de la crisis económica.

Con la aprobación de la Cámara Alta, el texto se remite a la Cámara de Diputados para su estudio. En el caso de que allí haya nuevos cambios, el documento vuelve al Senado; de no ser así, se envía al Poder Ejecutivo, que a su vez puede promulgar o vetar la propuesta.

Los recortes incluyen a los legisladores, ministros, viceministros, asesores, fuerzas policiales y militares, ministros de la Corte y todos los cargos de rango superior dentro de las instituciones dependientes del Estado paraguayo. Así también, abarca a todos los funcionarios de las entidades binacionales de Itaipú y Yacyretá. Están excluidos intendentes y concejales.

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Uno de los proyectistas, el senador cartista Sergio Godoy, explicó que el proyecto de ley busca generar pautas claras en el uso de los recursos por parte del Estado.

“Se busca contemplar criterios sobre el día a día de la administración financiera, fijando parámetros generales de actuación, que estará sujeta a una reglamentación mediante decreto”, dijo Godoy.

Combustibles

Durante el debate sobre la asignación de combustibles para ministros y viceministros, existieron planteamientos dispares. Algunos legisladores plantearon que existan algunas excepciones, mientras otros solicitaron que la medida sea general.

Finalmente, se acordó prohibir la compra, asignación y autorización de uso de combustible para los usos que no son propios de las funciones del cargo.

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Según lo aprobado por el Senado, la medida excluye a los vehículos del Estado que estarán a disposición de las autoridades para el cumplimiento estricto de sus funciones.

Telefonía

Respecto a los servicios de telefonía, el texto aprobado por el Senado prohíbe la contratación de servicios telefónicos o provisión de celulares para todos los funcionarios públicos, incluyendo autoridades superiores. Se excluye a los corporativos institucionales.

Este punto del proyecto de ley tuvo consenso mayoritario por parte del pleno y fue aprobado de forma unánime, sin mayor debate.

Bocaditos y viajes

Respecto a los gastos superfluos que se dan en las instituciones públicas, se prohíbe la provisión y compra de alimentos terminados, bebidas, arreglos florales, tarjetas, para reuniones, sesiones y agasajos.

En este punto se excluye la capacitación del funcionariado, actos y eventos oficiales realizados por fiestas patrias, toma de mandos, así como agasajos a autoridades y delegaciones extranjeras.

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Por otro lado, los recortes también afectan al uso de los recursos del Estado para las propagandas institucionales.

El Senado aprobó, además, que los viajes al exterior pagados por el Estado no pueden ser superiores a dos. Aplica para todos los funcionarios públicos y se excluye al presidente y vicepresidente de la República, al canciller, cabezas de los poderes de Estado y representantes del país ante organismos internacionales.

Además, las delegaciones se limitarán a tres integrantes y se aclara que todos los viajes deben ser de interés nacional y estrictamente vinculados a sus funciones.

Incisos agregados

Al concluir el estudio punto por punto, el Senado agregó este viernes nuevos incisos al proyecto que ya fue aprobado en general la semana pasada.

Uno de los puntos incluidos en la fecha dispone que los pagos de gratificaciones y bonificaciones a todos los funcionarios no superen el 30% de los ingresos, así como eliminar el pago por presentismo.

El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis planteó eliminar mediante los recortes la cuestionada repartición de multas en concepto de gratificaciones como se da dentro de la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas. La propuesta fue aprobada.

También se aprobó eliminar los comisionamientos de funcionarios entre instituciones, cuando el funcionario no tenga una formación vinculada al lugar de destino.

Nepotismo

El proyecto de ley, además, dispone la no contratación de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad por parte de autoridades de rango superior. A este punto se le sumó el agregado propuesto por Patria Querida, dejando exceptuados a aquellos que ingresaron a la función pública mediante concursos públicos de oposición.

Los legisladores establecieron que las autoridades públicas de rango superior, salvo el presidente de la República, podrán nombrar, contratar o incorporar a las instituciones a su cargo, en carácter de colaboradores o bajo cualquier otro, hasta un máximo de tres asesores, sean remunerados o no, quienes durarán en sus funciones mientras lo hagan dichas autoridades.

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También se establece la obligatoriedad de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas participe de todas las compras realizadas por medio de fondos o créditos internacionales.

Tope salarial en binacionales

El proyecto de ley establece que, quienes perciban un salario, remuneración e ingreso de cualquier tipo, inferior al presidente de la República y que fueran promovidos, ascendidos de nivel, categoría o cualquier otro, no podrán percibir en ningún caso un salario, remuneración e ingreso superior al del mandatario. Es decir, los salarios anteriores a la ley no se tocan.

También se prohíbe todo tipo de publicidades de la Itaipú y Yacyretá en los medios masivos de comunicación, redes sociales, entre otros.

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Una gran cantidad de senadores del Partido Colorado argumentaron que no pueden tocarse los salarios en las binacionales porque existe un tratado internacional que así lo determina y que, en caso de establecer topes salariales, sería inconstitucional.

En ese sentido, Silvio Ovelar sostuvo que Itaipú y Yacyretá se rigen por los tratados de su creación, respectivamente, y que sus ingresos no provienen del presupuesto del Estado. Por tal razón, manifestó su desacuerdo con el topeo salarial de dicho sector.

Asimismo, mencionó que de aplicarse el descuento, el dinero ya no se va a poder destinar al gasto social para el año 2021. Esta posición fue defendida también por los colorados Juan Darío Monges y Juan Carlos Galaverna.

Galaverna se opuso a que se toquen a las binacionales dentro del proyecto de ley. Aseguró que "no se pueden tocar tratados por medio de leyes".

Por su parte, el senador colorado Enrique Bachetta pidió disculpas a su bancada por mostrarse a favor del tope salarial y de que ninguna autoridad gane más que el presidente de la República.

El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis cuestionó el argumento del tratado internacional planteado por una gran cantidad de colorados. Sobre el punto, señaló que el lado paraguayo tiene más funcionarios que el lado brasileño y el argentino en ambas binacionales.

Aseguró que establecer el tope salarial a estas entidades es legal porque existe un organigrama institucional en el Estado paraguayo. "Como bancada, acompañamos este proyecto porque es legal, justo y necesitamos dar señales claras", expresó.

Siendo las 17.30 y tras un largo debate, fue aprobado por una amplia mayoría, con 41 votos a favor y tres en contra, el artículo 7 del proyecto que establece topes salariales a funcionarios de entidades binacionales.

El artículo 10, que dispone que la Secretaría de la Función Pública vele por el cumplimiento y aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 -que impide que una autoridad pública de rango superior nombre a un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad- fue suprimido.

A partir de ahora, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados. En caso de ser aprobado, el Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro del plazo de 30 días de su promulgación y publicación.

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