De esta manera el polémico proyecto de ley queda sin efecto. La votación fue de la siguiente manera: 24 a favor del veto, 15 en contra, además de registrarse dos abstenciones y cuatro ausencias. Estiman que con esta decisión, el fisco dejaría de percibir unos USD 250 millones al año, en concepto de gravámenes.
La senadora Esperanza Martínez, de Frente Guasu, cuestionó al Gobierno por defender intereses de los empresarios. “Esta Ley permite tributar al sector más protegido, a los amiwis y financistas de la campaña política”, apuntó. Pidió al presidente Horacio Cartes que “combata contra la pobreza y no contra los pobres”.
La senadora liberal, Zulma Gómez, apuntó que “el sector empresarial es el más rico y el que menos se preocupa por el pobre, el que destruye caminos y fumiga cerca de las personas”. Cuestionó que el Ejecutivo no apoye el nuevo tributo para el sector industrial. “No puede ser que los poderosos no paguen impuestos”, sentenció.
La parlamentaria Desirée Massi, de PDP, señaló que es lamentable que se plantee la cuestión con “pobres versus ricos”. Indicó que solo el 5 por ciento de los que pagarían este tributo son grandes productores y el 45 por ciento son pequeños y medianos productores, al mostrarse a favor del veto.
El sendor liberal, Miguel Abdón Saguier, señaló que “esta legislación existe en otros países”. Indicó que no se habla de productores sino de exportadores y tiene un propósito recaudador que alienta a la industrialización.
La aprobación de este tributo por parte del Parlamento generó un amplio debate entre el sector político y económico. A propuesta del senador colorado, Juan Carlos Galaverna, el proyecto había sido aprobado por el Senado a fines de 2012 y sancionado en julio de este año.
El presidente de la República, Horacio Cartes, vetó la norma el pasado mes de octubre, tras un compromiso asumido con los empresarios, a fin de no crear un doble tributo para el sector, tras la sanción de la creación del Iragro y la extensión del IVA a toda la cadena agropecuaria.
El proyecto vetado por el Ejecutivo establece, entre otras cosas, que tributarán los productores que tengan más de 20 hectáreas. Además, señala que el Poder Ejecutivo, cada año, establecerá las tasas que no deberán superar el 10%, con la finalidad de desalentar la exportación de granos en estado natural.
Pacto azulgrana
A través del pacto político entre colorados y liberales, conocido como pacto azulgrana, había un compromiso en el Congreso para rechazar la creación del impuesto, a cambio de la aprobación del Iragro (10% sobre las ganancias), y la generalización del IVA al sector productivo.
