A cuatro años del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno paraguayo cumple con uno de los actos de reparación como responsable de la violación de los derechos a la vida y a la libertad de pensamiento, y violación de los derechos a las garantías judiciales de la familia del periodista Santiago Leguizamón. Es histórico, es importante, pero todavía falta mucho.
Hace cuatro años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había condenado a Paraguay por el asesinato del periodista Santiago Leguizamón, ocurrido en abril de 1991, en la ciudad de Pedro Juan Caballero. La Corte halló responsable al Estado paraguayo de la violación de los derechos a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión, además de la violación de los derechos a las garantías judiciales y de protección judicial en perjuicio de la esposa e hijos del comunicador.
El Tribunal impuso al Estado el pago de una indemnización por varios conceptos; además de otros puntos que el Estado debería cumplir como parte de la reparación. Después de cuatro años, el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional es prácticamente el primer paso para el cumplimiento del fallo.
Como señala la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, el acto de reconocimiento es un avance, pero faltan implementar otras medidas de reparación, como la creación de un grupo de trabajo para esclarecer todos los asesinatos de periodistas en Paraguay, la aprobación de una ley de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la instauración del Premio Santiago Leguizamón al periodismo y la preservación y promoción de los lugares de memoria vinculados a su vida.
El crimen, hace 35 años, fue considerado como un mensaje por parte de la mafia a todo el periodismo. Santiago era corresponsal del Diario Noticias y propietario de la Radio Mburucuyá; fue corresponsal de los diarios Última Hora y ABC Color, y del Canal 13, y se hizo conocido por sus reportajes sobre corrupción, contrabando, narcotráfico y lavado de dinero.
Uno de los aspectos más importantes señalados en el fallo es lo que señala sobre la libertad de pensamiento y expresión que el homicidio y la impunidad en que permanecen, tienen un impacto en el derecho a la libertad de expresión en su faceta colectiva, “en tanto produjo un efecto amedrentador o intimidatorio en otros periodistas”. Vale decir que, tras el crimen, los periodistas dejaron de profundizar investigaciones, y al haber impunidad, la mafia se fortaleció.
Como señala el informe Rompiendo el Silencio: Crímenes de silenciamiento contra periodistas en Paraguay 1989-2024, de la Codehupy, desde 1989 hasta 2024, 22 periodistas han sido asesinados. Asimismo, la investigación destaca que la impunidad reina en la mayoría de estos crímenes. De los 22 asesinatos solo 3 casos tuvieron una resolución judicial acabada y diecinueve de los veintidós casos siguen sin que se haya sentenciado plenamente a los culpables.
Es importante refrendar esta conclusión del informe: La falta de respuestas de la Justicia ha enviado un mensaje claro a las redes criminales: Asesinar a un periodista en Paraguay no tiene costo, logrando el doble efecto de silenciar a la víctima y enviar un mensaje a los demás.
A 35 años del crimen de Santiago Leguizamón mucho ha cambiado en el país, lamentablemente no todo en el sentido positivo. Desde aquellos reportajes de Santiago sobre corrupción, contrabando, narcotráfico y lavado de dinero, poco cambió y por el contrario todo se volvió más complejo. Ahora en el Paraguay conviven poderosos grupos criminales, algunos incluso transnacionales, y su contención ha sido un fracaso estrepitoso hasta ahora, a pesar de que el control policial y militar de las zonas de frontera le cueste hasta 14 millones de dólares al año a los contribuyentes. Todo esto sin mencionar a la narcopolítica que fue ganando terreno en cuanto a infiltrar las instituciones, y que el país ocupa el 4° lugar con más alto nivel del crimen organizado.
Hoy, más que nunca son necesarias las medidas de protección a los periodistas y defensores de los Derechos Humanos para respaldar la democracia, la que sin periodismo independiente nunca será auténtica, sobre todo, no cejar en el ideal de vivir en un país con un periodismo independiente, sin infiltración del narco ni crimen organizado, donde se respete la pluralidad y haya tolerancia.
Un país donde el Estado honre a Santiago Leguizamón haciendo posible condiciones dignas y seguras de trabajo para todos los periodistas paraguayos.
