La noticia de que el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 está planteando aumentar los recursos destinados a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ha recibido una andanada de críticas. Esto se debe a que, en sus 13 años de existencia, la Fuerza no ha sido capaz de hallar a tres compatriotas secuestrados hace más de diez años.
Se ha informado recientemente que el presupuesto asignado al Comando de Defensa Interna (CODI), bajo el programa de “Operaciones de Defensa Interna contra Grupos Criminales”, para el 2027 será de G. 63.963 millones, lo que equivaldría a USD 9,9 millones, dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional.
El presupuesto representa un incremento de G. 5.010 millones y de 8,5%, en comparación con lo aprobado en 2026.
Los cuestionamientos, sin duda, están justificados, considerando que, en los 13 años de despliegue de la FTC, esta no ha logrado su objetivo central: Combatir y neutralizar a los grupos armados que operan en el país, especialmente el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Si a esto se le suma que en los últimos años se ha sumado a nuestra preocupante realidad el rápido crecimiento y expansión del crimen organizado, se debe decir que la FTC se ha convertido en un barril sin fondo y que además no ha aportado beneficios a la población.
La Fuerza de Tarea fue creada en agosto de 2013, durante el gobierno de Horacio Cartes, a través de la modificación de la Ley Nº 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna mediante la Ley Nº 5036/13, que habilitó el empleo de elementos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. En aquel momento, la fuerza quedó integrada por militares, policías y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con presencia principalmente en el norte del país.
En febrero pasado, el productor agropecuario Almir de Brum fue secuestrado en el límite entre Caaguazú y Canindeyú y permaneció cautivo durante 103 días hasta que logró escapar el 4 de junio.
Se debe mencionar asimismo que, desde su creación, se han producido secuestros como los de Arlan Fick, Edelio Morínigo, Abraham Fehr, Félix Urbieta y Óscar Denis. Morínigo, Urbieta y Denis, los últimos tres, continúan desaparecidos.
Originalmente, su misión era combatir al EPP y a sus desprendimientos, pero hasta la fecha no logró ni siquiera contener los hechos criminales en sus zonas operativas, y aquí es inevitable señalar que en el mes de julio pasado más de 10 personas fuertemente armadas atacaron el Puesto Policial N° 4 de la colonia Naranjito, en el distrito de Ybyrarobaná, en donde fueron asesinados dos policías y un ciudadano brasileño.
Asimismo, es oportuno mencionar el informe “Topáke violencia nórtepe. Análisis de las actuaciones de la FTC, el Ministerio Público y el Poder Judicial y su impacto en la vigencia de Derechos Humanos de pobladores de Concepción y San Pedro, en el que constatan violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, torturas y tratos crueles, uso desmedido de la fuerza y violaciones a la presunción de inocencia y al derecho a la inocencia. El documento señala la vulneración de derechos humanos fundamentales, tanto civiles, políticos, económicos, como sociales y culturales.
Esto supone que la FTC, en la cual se están invirtiendo millones de dólares cada año, desde hace 13 años, no solamente no han logrado su propósito original ni están logrando contener el implacable avance de la violencia del narco y el crimen organizado, sino que además han tenido un sostenido impacto negativo en las comunidades.
Fundamentalmente son comunidades en las que se hace evidente la ausencia prolongada del Estado en cuanto a salud y educación, y en la última década la única presencia activa que han visto es la de las fuerzas de seguridad que no le han aportado a su calidad de vida. Definitivamente, no se ha justificado el presupuesto asignado a la FTC. Recordemos que hace unos días precisamente se han cumplido seis años del secuestro del ex vicepresidente de la República Óscar Denis, y en esta lista permanecen también Edelio Morínigo y Félix Urbieta. A todos ellos, el Estado paraguayo les ha fallado. Nuestro sistema democrático está en peligro de perder toda autonomía frente al narcotráfico y el crimen organizado y, como resulta evidente, la estrategia de las autoridades ha decepcionado. Seguir gastando en la FTC, probablemente, ya no sea una alternativa.
