La Cámara de Senadores sancionó la versión de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley que prohíbe la asignación de combustibles a las autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado. Con esta medida, el Estado paraguayo ahorraría por año cerca G. 8.000 millones. Ahora, el documento pasa al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.
Los senadores aceptaron las modificaciones introducidas por la Cámara Baja, que, entre otras cosas, excluyen de la normativa a los funcionarios de las gobernaciones y municipios, entes que en principio estaban contemplados dentro del documento.
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“Prohíbase la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustibles, tarjetas personales o de cupos de combustibles a las autoridades y funcionarios de los tres Poderes del Estado y de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), incluyendo las empresas públicas y aquellas de economía mixta, las sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado, en todas sus modalidades y de forma permanente”, señala el proyecto.
La normativa menciona que se exceptúan de esta disposición a las entidades que por la naturaleza de sus funciones deban realizar labores misionales para las cuales fueron creadas y, en especial, a las de la banca pública.
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Asimismo, se determina que en caso de incumplimiento de la normativa establecida en el artículo precedente, corresponderá la nulidad del pago realizado y la devolución de lo abonado en ese concepto. Los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para la apertura de una investigación fiscal por lesión de confianza.
El proyecto argumenta en su exposición de motivos que tiene por objeto la racionalización del gasto público a consecuencia de la escalada del precios del petróleo a nivel mundial.
