El ministro del Interior, Enrique Riera, adelantó que el presidente de la República, Santiago Peña, firmaría este jueves el decreto reglamentario de la Ley 6568, que autoriza el uso de dispositivos electrónicos en formato de tobilleras.
La información se dio a conocer al término de una reunión con el mandatario, que también contó con la presencia del comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, y el ministro de Justicia, Ángel Barchini.
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Riera indicó que una vez firmada la reglamentación, 24 horas después se hará el llamado a licitación para la adquisición de las tobilleras electrónicas.
Asimismo, indicó que se está elaborando una guía, tomando los casos que terminaron en feminicidios en Paraguay, para identificar patrones de conducta que podrían llevar al hecho de feminicidio. Esto, gracias al aporte de una abogada y un equipo de académicos.
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El ministro explicó que todas las instituciones deberán estar en conocimiento de la guía para actuar a tiempo, identificando patrones de conducta que puedan elevar el riesgo de que el caso termine en feminicidio.
De igual manera, señaló que van a reimpulsar la ley de modernización reestructuración de la Policía Nacional, que fue presentada en el periodo legislativo pasado. Si bien adelantó que tendrá un costo presupuestario, el presidente de la República estuvo de acuerdo en impulsar la ley lo más rápido posible.
“No le preocupa los fondos ni la inversión, porque si se le está exigiendo a la policía algunas cuestiones, como el test de integridad a toda la cúpula policial, lo razonable sería que le demos beneficios para equilibrar ese esfuerzo que estamos realizando”, manifestó.
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Además, confirmó la donación de Taiwán de 600 motos de 600 cilindradas y que serán entregadas a los nuevos Linces una vez que termine el curso.
El plan, aseguró, es duplicar la cantidad de linces en un primer paso y posteriormente triplicar. Se habló también de un crecimiento poblacional de la Policía Nacional.
“Chau chespi”
El plan Chau chespi remarcó que tiene dos caras visibles, una la del combate al tráfico y la otra que guarda relación con el Ministerio de Salud Pública, que tendrá que hacerse cargo de los que consumen drogas.
Para el efecto, dijo que ya se inició un curso de especialización para profesionales de la Salud, con el objetivo de que en las 200 unidades de Salud Familiar de Capital y Central se puedan atender y hacer una detección precoz y primaria de los usuarios de drogas.
“Ya no se va a repetir la conducta de que un comisario meta al calabozo al adicto y a las dos horas se está golpeando la cabeza porque está con un síndrome de abstinencia. Tampoco se lo va a llevar a Tacumbú, porque va a salir peor”, recalcó.
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En ese sentido, creen que la solución es llevarlo ante un profesional que va analizar si se puede recuperar o si necesita un proceso largo de desintoxicación.
También afirmó que el Ministerio de Educación va a tratar dicha problemática social en los colegios para que los chicos, los padres y directores sepan cómo enfrentar y los riesgos que conlleva el consumo de sustancias como el crack.
“Si combatimos la oferta, controlamos o reducimos el consumo y evitamos que caigan nuevos jóvenes en las drogas, los 90.000 jóvenes que hoy están en el Departamento Central y que genera el 80% de los delitos bagatelarios, robo de celular, de motocicletas. Si se reduce el consumo, va a bajar también la delincuencia”, aseveró.
Finalmente, expresó que tienen el desafío de reestructurar el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y trabajar en conjunto con el ministro de Justicia, ya que desde las cárceles se controla el tráfico de drogas, sin olvidar a los tres desaparecidos en mano de grupos armados.
