09 oct 2026

Imputan en más causas de la mafia de pagarés a jueza Analía Cibils y a otra destituida

El Ministerio Público imputó en dos nuevas causas a la jueza de Paz suspendida Carmen Analía Cibils y a otra más, su ex colega Nathalia Garcete, destituida en el 2025 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Esta vez, hay más sospechas de prevaricato, falsificación de documentos y otros. En un caso, supuestamente la notificación de una causa se hizo en Tucumán, Argentina.

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La jueza Carmen Analía Cibils (izq.) y la ex jueza Nathalia Garcete (der.).

Foto: Archivo.

Al mediodía de hoy, los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero imputaron en dos causas más –aparte de la que ya tiene y está para juicio oral– a la jueza de Paz suspendida Analía Cibils. Junto a ella, fueron imputados actuarios y ujieres por notificaciones presuntamente falsas en la causa conocida como mafia de los pagarés.

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Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero.

Primera causa contra Analía Cibils

En un caso, desde abril del 2024, la empresa PH Sociedad Anónima tramitó ante el Juzgado de Paz de La Encarnación una acción preparatoria de juicio ejecutivo en contra de Andrea Lorena Balbuena.

Llamó la atención la dirección: Gral. José de San Martín 132, San Miguel de Tucumán, Argentina.

El 17 de mayo del 2024, la jueza Analía Cibils emplazó a la demandada a que en tres días comparezca a reconocer o no las firmas de los documentos, bajo apercibimiento de que si no se presentaba, se tendría por reconocidas las firmas y autenticados los documentos.

Sin embargo, para la Fiscalía, la citación de una persona que se encuentra en el extranjero solo puede ser realizada vía exhorto judicial, cosa que no se hizo.

El 14 de junio del 2024, como no se hizo por la vía legal, sería falso el informe que dio la ujier notificadora Audrey Galeano, quien dijo haberle notificado a Andrea Lorena Balbuena. Supuestamente ella llegó hasta la dirección en Argentina y “fue recibida por la compañera (de la demandante)”.

Como nadie se presentó a reconocer las firmas, la abogada de la empresa PH Sociedad Anónima, Talía Benítez, pidió a la jueza Analía Cibils hacer efectivo el apercibimiento y la magistrada sacó una resolución declarando que la notificación fue practicada “en legal forma”, pese a saber de su falsedad.

Segunda causa contra Analía Cibils

También se le vincula a la jueza Carmen Analía Cibils, del Juzgado de Paz de La Encarnación, quien habría dictado 38 resoluciones judiciales en aparente violación de la normativa procesal civil.

Fueron en expedientes demandados por la abogada Diana Belén Molinas como representante de Global Enterprises y la jueza se habría valido de informes de notificaciones falsos y en los informes de los actuarios judiciales Ricardo Cuevas y Martina Rivela.

Se llevaron adelante juicios sin que los demandados sepan y aquí habría sido clave supuestamente la participación del actuario judicial Ricardo Cuevas y del ujier notificador Nicolás Antúnez; este último es quien habría informado falsamente sobre las notificaciones a los demandados, “con el conocimiento de todos”.

  • Los hechos por los que se le imputa

La Fiscalía imputó por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso a Analía Cibils, mientras que a los actuarios Ricardo Cuevas y Marina Rivela y a la ex ujier Audrey Galeano, por uso de documentos públicos de contenido falso, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y cómplice de prevaricato.

Mientras, la abogada Thalía Benítez fue imputada como instigadora al prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.

La causa contra la ex jueza Nathalia Garcete

Junto a la ahora ex jueza Nathalia Garcete fueron imputados los ex actuarios Olivia Mosqueda y Pablo Cabrera, al igual que la ex ujier Mariam Ortiz, los abogados Édgar (ex ujier), Juan Bogado, César Bogarín y Sun Young Bang, al igual que el oficial de Justicia Víctor Rotela.

Varios de ellos ya habían sido procesados respecto a la irregularidad encontrada en otros expedientes y ahora la Fiscalía cerró el circuito con respecto a estas causas.

La sospecha recae en que se habían iniciado juicios ejecutivos tras las demandas de los abogados Juan Alberto Bogado, César Rubén Bogarín y Édgar Ayala, de la firma Carsa, quienes habrían usado informes falsos de notificaciones y con eso se habrían logrado 151 sentencias violando la ley.

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