Los fiscales José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez presentaron la acusación contra Alexandre Rodrigues Gomes, por los hechos de lavado de activos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso (como instigador).
El escrito fiscal señala que Rodrigues Gomes “promovió las transferencias de cuatro inmuebles y ocho vehículos de su propiedad, a pesar de tener pleno conocimiento de la inhibición general de enajenar y gravar bienes que pesaba en su contra”.
Esta prohibición la había dictado el juez de Crimen Organizado Osmar Legal, el 19 de agosto del 2024, el mismo día en que Alexandre fue imputado y detenido, tras un mortal operativo donde fue asesinado su padre, el diputado colorado Lalo Gomes.
En esa fecha, el juez también le había bloqueado todos los bienes, dinero en bancos, entidades financieras y cooperativas, además de semovientes registrados en Senacsa.
“Alexandre Rodrigues Gomes promovió las transferencias de cuatro inmuebles y ocho vehículos de su propiedad, a pesar de tener pleno conocimiento de la inhibición general de enajenar y gravar bienes que pesaba en su contra”.
Según la investigación fiscal, Alexandre Gomes debía pagar los honorarios profesionales de su abogado, por lo que, estando privado de su libertad, supuestamente planificó “irregularidades”, valiéndose de dos escribanas. Se trata de Blanca Rossana Ozuna y María Luisa Verón, quienes también fueron acusadas en la causa.
Para los fiscales, Alexandre había promovido la alteración de los datos de sus inmuebles en el sistema informático de Registros Públicos, a través del usuario de la funcionaria Alcira Celeste Rodríguez.
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Con esto, se habría “desaparecido” la inscripción de la medida cautelar de inhibición.
Se trata de los inmuebles:
- Inmueble del distrito de Pedro Juan Caballero, con superficie de 400 m2, valuado en G. 600.000.000.
- Inmueble del distrito de Pedro Juan Caballero, con superficie de 180 m2, con valor de G. 300.000.000.
- Inmueble del distrito de Pedro Juan Caballero, con superficie de 396 m2, valuado en la suma de G. 200.000.000.
- Inmueble valuado en la suma de G. 600.000.000.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía señala que las transferencias fueron realizadas por la escribana pública Elvia del Pilar Ayala, quien refirió que se constituyó en la Penitenciaría Regional de Encarnación, donde Alexandre estaba recluido.
“Con su conducta, Alexandre Rodrigues Gomes pretendió frustrar el eventual comiso de dichos bienes, los cuales se encontraban protegidos y que serían producto de hechos antijurídicos que obtuvo como miembro de una asociación criminal y hechos de tráfico ilícito de sustancias”, dice la acusación.
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Pago de honorarios y versión del abogado
En la misma causa, la Fiscalía también acusó al abogado Óscar Tuma por supuesto lavado de activos ya que las transferencias se hicieron a su nombre, por lo que el profesional se convirtió en propietario de los inmuebles sujetos a comiso, pese a que él tenía conocimiento en su carácter de defensor que estos bienes tenían medida cautelar firmada por el juez.
“Para que exista lavado de activos, debe demostrarse que los inmuebles provienen de un hecho punible y que yo conocía esa procedencia al momento de recibirlos”.
Sobre este punto, el profesional señaló que la acusación se limita solo a los inmuebles que recibió en concepto de honorarios profesionales.
Cuestionó que “existe un problema central de tipicidad y un error sobre las circunstancias del tipo. Para que exista lavado de activos, debe demostrarse que los inmuebles provienen de un hecho punible y que yo conocía esa procedencia al momento de recibirlos”.
Dijo que hasta ahora, el supuesto origen ilícito de esos inmuebles todavía no fue determinado.
“Esa cuestión deberá discutirse y probarse en la causa principal de Lalo Gomes. Entonces, la pregunta es clara: ¿Cómo pueden acusarme de haber recibido bienes provenientes de un hecho punible cuando ese presupuesto todavía no fue acreditado judicialmente?”, preguntó Tuma tras ser procesado.
Negó que los inmuebles hayan sido ocultados ni transferidos nuevamente y que estos ya están a disposición de la Justicia, por lo que mencionó que no hay “frustración efectiva ni un perjuicio patrimonial concreto para el Estado”.
Escribanas procesadas
Tanto la escribana Blanca Rossana Ozuna como su colega María Luisa Verón fueron acusadas por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
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A Ozuna se le atribuye haber avalado un poder otorgado por una persona vinculada al narcotráfico y estando en prisión para gestionar la venta de camiones y remolques en representación de Alexandre Rodrigues Gomes.
Respecto a María Luisa Verón, la profesional fue acusada por supuestamente certificar que Rodrigues Gomes se presentó en persona en su oficina para firmar la venta de varios vehículos, a pesar de que él ya estaba privado de su libertad.
