La operación inicial se trató de una trampa de la cual sigue sufriendo cinco años después. Esta es solo una de las muchas denuncias que son atendidas por la Comisión del Senado que investiga la trama de la mafia de pagarés.
¿Cómo le hicieron caer en la trampa?
Floriana es una docente oriunda de la ciudad de General Bruguez, Departamento de Presidente Hayes, quien recibió unos mensajes de textos de un supuesto gestor de créditos que se identificó como José González, junto a otra mujer que se hizo conocer como Luci.
Primeramente, le dijeron que el crédito consistía en una “simulación de embargo”, y para ello debía firmar pagarés y otros documentos para que los descuentos sean “prioritarios”.
Debido a la situación de demanda por los gastos en el tratamiento de salud de su padre, la docente accedió a un préstamo de G. 2.000.000, que le entregaron en una fecha que no olvida: el 16 de agosto de 2021, en el microcentro de Asunción.
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Los gestores llegaron en un automóvil rojo y la hicieron subirse al vehículo, donde procedió a firmar los pagarés. Todo fue apurado, porque se estacionaron en doble fila y supuestamente tenían miedo de una multa de tránsito.
Floriana recuerda que entre los papeles había algunos documentos que parecían ser Poder Judicial, como notificaciones, recuerda la mujer.
Dos embargos de sorpresa
En el 2022, en los meses de junio y julio, ingresan dos embargos a sus salarios.
Uno de los demandantes era Diego Ramón Salcedo Ramírez, con quien Floriana dijo que nunca hizo trámites. Los juicios ingresaron al Juzgado de Paz de la Catedral. En cada causa, le exigían pagar G. 15.000.000, más gastos de Justicia por G. 1.500.000.
Tras largo periodo de descuentos y en medio de la desesperación, la docente decidió contactar con una abogada en julio de 2025, quien le terminó recomendando que hable con el abogado Óscar Barboza, supuesto especialista en “saneamiento de deudas” y “limpieza de Informconf”.
Al contactarlo, este último le propuso sus servicios, de saldar la deuda que ella mantenía con Diego Salcedo, sacarla de Informconf y gestionar con el Banco Nacional de Fomento (BNF) un nuevo préstamo de G. 62.000.000. Esto hizo dudar a Floriana, pero el abogado insistía, según la denuncia.
El supuesto “acuerdo”.
El 8 de julio de 2025, Óscar Barboza le comenta a la docente que ya llegó a un acuerdo con Diego Salcedo, pero la dejó entre la espada y la pared.
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Esto, ya que el abogado fue hasta la casa de Floriana para que la mujer firme un poder general. En esa ocasión, también le dijo que él, como representante de la empresa Realidad SA de Mandatos, le prestaría un dinero para finiquitar los juicios ejecutivos en su contra.
Entonces, el 9 de julio del 2025, en la vivienda de la docente, el abogado le hizo firmar dos pagarés por G. 16.950.000, un préstamo que el profesional hacía a su cliente. Cada documento salió a favor de la firma Realidad SA de Mandatos. Además, la docente firmó también un escrito de allanamiento a la demanda de Salcedo, un poder general y un contrato de servicios, según la denuncia.
Días después, Barboza y un acompañante, identificado como el abogado Cristian Ortiz, tramitaron desde el teléfono personal de Floriana una solicitud del crédito a través de la banca web.
El crédito se aprobó en la ciudad de Villa Hayes y el supuesto abogado buscó a Floriana personalmente para ir a retirar el crédito.
En el camino, dijeron que tenían que parar para gestionar el trámite con un presunto funcionario bancario y luego llegaron al BNF, y les entregaron los G. 62.000.000.
De ese monto, tuvo que entregar G. 33.900.000 a Barboza para cancelar su deuda con Realidad SA de Mandatos, más otros G. 2.000.000, como “comisión” para el funcionario bancario, y G. 4.000.000 por honorarios profesionales. En total, entregó al abogado G. 39.000.000 y recuperó sus dos pagarés. Pese a toda esas operaciones, el calvario de Floriana siguió, ya que los embargos nunca fueron levantados y Barboza desapareció.
Siete jueces implicados
Siete jueces de Paz fueron vinculados directamente en la trama de la mafia de los pagarés. En la causa, tres ya renunciaron a sus cargos, una fue echada y otro fue suspendido.
Se trata de los entonces jueces de Paz Carmen Analía Cibils, del Juzgado de Paz de La Encarnación; Víctor Nilo Rodríguez, del Juzgado de Paz de la Recoleta; Nathalia Guadalupe Garcete, de la Catedral 2° Turno, y Lilian González de Bristot, de San Roque.
El único que permanece como juez es Gustavo Villalba, de la Catedral 1er Turno, quien también está procesado.
Otros acusados en la causa son la ex jueza de Luque, Norma Ortiz, y Roberto Ferreira, de Benjamín Aceval, quienes habrían sacado fallos “torciendo el derecho”.
