La denuncia realizada en julio por el concejal Álvaro Grau fue debatida nuevamente en la última sesión de la Junta Municipal. Esto en atención a la visita del nuevo director de Finanzas, Hugo Martínez, quien fue requerido por el contrato que se mantiene con el taller de Ruffinelli.
Las revelaciones de los documentos investigados por edil apuntan directamente a la gestión del ex intendente y a sus administradores, quienes permitieron que el Taller RC vendiera repuestos a la Municipalidad de Asunción a precios supuestamente sobrefacturados.
“Con estas groseras sobrefacturaciones, no es que solamente Nenecho fue el culpable. Sin pasar por licitación pública, en plena pandemia le adjudicaron directamente a Crispin G. 2.000 millones y se le pagó G. 2.300 millones. Pero los funcionarios, sin embargo ‘no vieron’ que los precios eran exorbitantes”, aseveró el edil.
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"(Nenecho) es el gran responsable, pero debajo hay una cadena de responsabilidad también. Esto es corrupción, no es mala gestión. Un robo descarado fue esto”, añadió.
Según el análisis de precios que investigó el concejal, la Municipalidad hizo pagos escandalosos por repuestos de distintas categorías.
Por bujes de barra de G. 60.000, la Comuna gastó G. 697.516; por zapatas de freno de G. 598.251, se pagaron G. 2.393.004; por un tensor de correa de G. 380.000, se pagó G. 1.705.165; y por un brazo precap de G. 90.000, la administración de Nenecho pagó G. 1.299.766. Estos son solo algunos ejemplos de los pagos que habrían beneficiado a Ruffinelli.
“Tiene que haber una denuncia penal porque esto es un perjuicio patrimonial, grosero. (...) Si el intendente (Luis Bello) no hace la denuncia penal en la Fiscalía, yo mismo voy a hacerlo, así como hice con los detergentes de oro”, advirtió Grau.
Se preguntó cómo es posible que el administrador que recibió las actas de servicios no haya detectado que por cadena, corona y piñón de G. 510.000 se cobró G. 2.100.000.
La edil Rosanna Rolón también aseguró que el caso debe denunciarse y enviarse a la Fiscalía.
El concejal César Escobar coincidió en que el foco debe estar en las “cabezas” de la gestión anterior y en los dueños del taller, quienes no solo pusieron “números groseros”, sino que también prestaron un “pésimo servicio”.
“Es nuestro deber tomar intervención y en este caso encomendar a la Intendencia la apertura de un sumario administrativo a los funcionarios municipales”, dijo, por su parte, el edil Humberto Blasco, quien también pidió la cancelación del contrato.
Comparó este caso con el de los detergentes de oro y recordó que en dicho proceso también se incluyó a los proveedores.
“Así que si este taller incurrió en una situación que riñe con la ley, también puede ser convocado por la Justicia”, dijo.
“Creo que está claro que lo ocurrido con el precedente anterior, detergentes de oro, ahora son repuestos de oro, no hay que vacilar en este asunto. Si la sobrefacturación es evidente, grosera”, añadió Blasco.
Tras un intercambio de pareceres con respecto al proceso de cancelación del contrato con el taller RC, los concejales aprobaron la moción de Blasco, que incluyó el sumario y también encomendar a la Intendencia a que arbitre los mecanismos legales para rescindir el contrato.
Contrato con RC cubre vehículos livianos, según administradores
La Licitación N° 421849, que benefició al Taller RC, de Crispín Ruffinelli, contempla un contrato firmado por Nenecho, María Cristina Signorino y Ruffinelli.
El monto total adjudicado alcanza G. 6.000.000.000, según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Dicho documento contempla la provisión de repuestos y servicios de mantenimiento y reparación para la flota de vehículos de la Municipalidad.
Con el taller de Ruffinelli también se contempló la firma de otro contrato que data del año 2022 y que corresponde a la Licitación Nº 402.198. Esta alcanzaba G. 2.000 millones.
El nuevo director de Finanzas confirmó que el contrato con el Taller RC contempla un monto mínimo adjudicado de G. 3.000 millones y un máximo de G. 6.000 millones.
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A la fecha, Martínez aseguró que el contrato tiene una ejecución del 12%, habiéndose realizado pagos por G. 700 millones, lo que deja un saldo de G. 5.300 millones.
Señaló que, a pesar de la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de este año, sus “predecesores” optaron por suspender o “dejar de ejecutar” y emitir órdenes en el marco de este acuerdo, lo que calificó como un acto de “prudencia administrativa”.
Axel Mongelós, director de Servicios Administrativos, remarcó, por su parte, que el contrato está “sin ejecutarse” y precisó que cubre exclusivamente vehículos livianos, como automóviles, camionetas 4x4 y camioncitos JVC, pero que no incluye vehículos pesados como recolectores, grúas o tractores.
Cabe resaltar que la firma de Mongelós aparece en todas las facturas que comprueban el pago ilegal que se hizo con el dinero del bono G8 al Taller RC. En total, la empresa de Ruffinelli se llevó G. 212.689.262 del dinero que debía usarse exclusivamente para obras de desagüe.
