En el barrio Mbocayaty, en la zona conocida popularmente como La Piedad, decenas de familias que viven en terrenos de dominio privado municipal desde hace más de dos décadas reclaman porque reciben amedrentamiento, obstrucciones administrativas y presuntos esquemas de titulación irregular impulsados desde la Municipalidad de Asunción con el fin de despojarlos de sus viviendas.
En el centro de este problema, reside la constante presión ejercida supuestamente por la expansión de lo que consideran un barrio cerrado, que se gestaría en detrimento de sus derechos. Califican al proyecto de tal manera debido a que observan murallas extensas instaladas en la zona de Teniente Manuel González y Cabo Esteban Ríos, y también por el hecho de que numerosos vecinos recibieron ofertas irregulares para salir de sus viviendas.
El miércoles, en la Junta Municipal de Asunción, un grupo de pobladores, acompañados por la abogada Noelvis Martínez, acudieron para acompañar el ingreso de un mensaje en el que expresan su “disconformidad con la atención y el tratamiento recibido durante las gestiones de regularización de sus lotes”.
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“En tal sentido –continúa el mensaje ingresado en el orden del día– (los vecinos) solicitan la revisión de la actuación de una funcionaria por el trato dispensado y la falta de información clara respecto a los expedientes presentados por los vecinos; asimismo, solicitan que se investigue si las notificaciones recibidas por los vecinos fueron emitidas y utilizadas conforme a los procedimientos administrativos vigentes”.
Pobladores consultados por este diario durante la sesión ordinaria del miércoles apuntaron que las notificaciones referidas supuestamente eran entregadas a altas horas de la noche con métodos extorsivos para forzar firmas.
Con relación a los supuestos maltratos que recibieron, nombraron directamente a la funcionaria Amapola Piacentini, quien trabajaba en la Asesoría Jurídica en 2025, bajo la administración del ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez.
Los vecinos manifestaron un temor latente a que la funcionaria sea reubicada en alguna dependencia que pueda vincularla a los trámites en curso.
Al respecto de los episodios de maltrato, el vecino Juan José Godoy habló sobre un supuesto esquema de apriete que se agravó en marzo de 2025, cuando un grupo de pobladores fue convocado al octavo piso de la Municipalidad de Asunción para una reunión presidida por Piacentini, junto al entonces director de Asesoría Jurídica, Benito Torres.
Según Godoy, durante dicho encuentro se vivieron episodios de violencia verbal e intimidación directa. “A mí me tocó personalmente estar ahí y ella te gritaba, te volteaba la mesa, te decía que nadie va a poder pagar, que se nos va a desalojar”, refirió el poblador.
Recordó además que en aquella época, los vecinos recibieron notificaciones en las que se les emplazaba a pagar entre G. 500 millones y G. 600 millones.
“Te pasaban una liquidación en forma verbal. (...) A la gente le asustaba eso y muchos terminaban negociando, mal negociando con esta gente”, aseguró, aludiendo a cómo había familias que terminaban cediendo sus lotes a precios bajísimos por la amenaza del desalojo.
Desde Última Hora se buscó contactar con la referida funcionaria, pero esta no respondió a las consultas a su número con terminación 838.
Denuncian titulación en “tiempo récord”
Godoy recordó por otro lado la intromisión inesperada de personas extrañas al terreno que habita con Miriam Ramírez desde hace más de 23 años, ubicado en la calle Manuela Velloso. En el lugar, como relató el vecino, se realizó un forcejeo de la puerta y otros destrozos en el interior.
El inmueble, como explicó el vecino, forma parte de una fracción de excedente fiscal mensurada por los propios vecinos desde 1976 e inscripta a nombre del dominio privado municipal mediante una resolución emitida hace más de 20 años.
“Nosotros le compramos a Epifania Rivero Sánchez, una de las primeras pobladoras acá y que fue una de las firmantes de la tramitación que hicieron del excedente de terreno fiscal que había acá y que registraron a favor de la Municipalidad”, contó el poblador.
Pese a que un informe de la Dirección General del Área Social ratificó que Miriam Ramírez ejercía la posesión del lugar, la Municipalidad de Asunción tramitó de manera paralela un expediente a nombre de Rodolfo Manuel Fernández, según Godoy.
Mientras el expediente de Ramírez permanecía congelado, la solicitud de Fernández supuestamente avanzó a gran velocidad hasta obtener una orden de escrituración directa, sin que Fernández hubiera habitado la propiedad.
Esta situación se agravó cuando Fernández, supuestamente tras causar destrozos en la casa de Godoy, denunció a Miriam Ramírez por presunta “invasión de propiedad ajena” en la Fiscalía Barrial N° 7, como indicó el vecino. La denuncia se habría justificado con los documentos de compraventa expedidos por la Comuna.
¿Qué dice el director de Catastro?
Consultado sobre la situación con los vecinos de La Piedad, Aarón Martínez, director de Catastro de la Municipalidad de Asunción, respondió en primer lugar que él asumió el cargo en septiembre de 2025 bajo la administración del intendente Luis Bello, tras el proceso de intervención municipal.
Martínez aseguró que se está dando trámite transparente a los expedientes de dominio privado, y que al menos en su dirección está prohibido el maltrato.
Al referirse al caso de Miriam Ramírez y Juan José Godoy, el director explicó que la vecina presentó una solicitud en 2025, pero nunca acercó las documentaciones requeridas ni tampoco abonó canon de arrendamiento o tributo alguno.
“Ella no pagó absolutamente nada en ningún concepto por el inmueble”, indicó Martínez.
Añadió que, en contrapartida, el ciudadano Rodolfo Fernández completó los trámites para adquirir el inmueble.
“Presentó los papeles, avanzó, pagó su arrendamiento, se fue a la Junta, pagó la compra en Recaudaciones y se le adjudicó el inmueble porque hizo todos los pasos que tenía que hacer para adquirir el inmueble”, aseguró.
Por otro lado, Martínez también se refirió a la instalación de un emprendimiento inmobiliario en la zona, declarando que él “no tiene conocimiento de que haya un proyecto de barrio cerrado en La Piedad”.
“Yo no tengo conocimiento de que haya un barrio cerrado ni un proyecto de barrio cerrado en La piedad. Si es un barrio cerrado o es una intención de barrio cerrado de un privado contra ellos, es una cuestión de terceros”, dijo Martínez a Última Hora, y añadió que, de ser verídicas las afirmaciones de los vecinos, éstos deberían denunciar los hechos a la Fiscalía.
Juan José Godoy replicó que resulta técnicamente imposible pagar cánones o impuestos en un terreno municipal sin antes contar con la aprobación previa del contrato de arrendamiento expedido por la Intendencia y la Junta Municipal.
“Es absurdo lo que dice (el director de Catastro). ¿Cómo nosotros vamos a pagar nada si ellos no hacen algo para que nosotros podamos pagar. Nosotros queremos pagar”, reclamó Godoy, y reiteró que el caso de Fernández llama la atención atendiendo a que realizó todo el proceso de compra y escrituración “en tiempo récord”.
Señaló que la burocracia dentro de la Municipalidad impone un cobro sistemático de G. 50.000 por cada sellado y trámite, acumulando desembolsos superiores al millón de guaraníes por vecino, sin que estos obtengan resoluciones definitivas. Añadió que esta situación termina desgastándolos, y que de esta manera se configura un modus operandi que finalmente beneficia a compradores de alto poder adquisitivo.
Vecinos acudieron a Unidad de Anticorrupción
Por su parte, el director de la Unidad Anticorrupción de la Comuna, Éver Aranda, confirmó que mantuvo ayer una primera reunión con los vecinos. Aseguró que se acordó una nueva cita en la que los vecinos se presenten en conjunto con sus expedientes, para su análisis caso por caso.
Con respecto a los maltratos que ingresaron como mensaje a la Junta Municipal, Aranda aseguró que se requiere que los vecinos realicen la denuncia correspondiente. Añadió que una vez recepcionada la presentación de la denuncia, la unidad a su cargo deriva los antecedentes a la Dirección de Asesoría Jurídica para la apertura de sumarios administrativos, en caso de que sea necesario.
