“Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país”, lamentó el representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
En un comunicado difundido este domingo, Jarab afirmó que Paraguay debe investigar sin demora y de forma imparcial” las muertes de dos niñas durante un operativo realizado esta semana por agentes del Estado”.
En la misiva recuerdan que los hechos ocurrieron el pasado 2 de setiembre en una zona limítrofe entre los departamentos de Concepción y Amambay, en el marco de una acción de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado contra un grupo armado no estatal, conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo.
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El representante afirmó que su oficina recibió “información inquietante” sobre intentos por manipular evidencias de lo ocurrido, y consideró “crucial que durante la investigación se tengan en cuenta las normas internacionales de derechos humanos, particularmente el Protocolo de Minnesota”, en referencia al Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.
Según el comunicado, Jarab subrayó que la investigación debe indagar en las responsabilidades directas en el incidente, pero también en todo el nivel jerárquico involucrado en la operación, así como en la posible alteración del lugar de los hechos.
También recordó al Estado paraguayo que “la participación de personal militar en tareas de seguridad interna debe realizarse con pleno apego a las normas internacionales de derechos humanos, siempre bajo control de la autoridad civil y con los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, como establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Este sábado se confirmó, tras un estudio de los cuerpos de ambos cadáveres, que las dos niñas tenían 11 años y algunos meses. En principio, el Gobierno informó que se trataba de adolescentes, cercanas a la mayoría de edad; además la ciudadanía cuestiona el actuar del Ministerio Público en la investigación.
