La Contraloría trabaja para implementar el nuevo régimen contra la corrupción que es parte del plan nacional creado luego de la cumbre de poderes que impulsó Santiago Peña para combatir este mal. Sin embargo, los resultados hasta ahora son escasos y no afectan a los casos más importantes relacionados con el poder.
La directora general de Integridad y Transparencia de la Contraloría, Clara Aquino, comentó que el portal de denuncias ciudadanas es uno de los resultados de este nuevo régimen, pero que hasta ahora solo se recibieron un poco más de 100 denuncias, de las cuales ni siquiera son hechos de corrupción pública.
Lea más: El contralor afirma que la nueva ley anticorrupción es preventiva
Explicó que la mayoría son reportes de funcionarios planilleros, entre otros, que la institución se encarga de analizar para saber si darle curso o desestimar. Muy pocos son denuncias sobre licitaciones.
Aquino comentó que lo primero es hacer la verificación inicial para ver si corresponde o no y si dar curso o desestimar. Se debe informar a la persona denunciada que tendrá 30 días para contestar.
Lea más: Lalo Gate: Tras cumbre de poderes no se dieron avances significativos
Sin embargo, reconoció que no alcanzan a la corrupción en altas esferas e insistió en que podría ser porque las denuncias no son anónimas.
“Es cuestión de dar confianza al ciudadano porque con esta nueva ley no se puede denunciar de forma anónima, tenés que dar todos tus datos”, expresó.
Los cooperantes para este proyecto son el BID, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, entre otros.
Tras la promulgación de la ley que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay, en diciembre pasado, el contralor Camilo Benítez señaló que la normativa adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.
No obstante, nunca hubo reformas importantes. Durante la revelación de los chats de Lalo Gomes volvieron a juntarse autoridades, pero no dieron respuesta.
Las conversaciones del diputado fallecido demostraron el avance del crimen organizado hacia todas las instituciones del Estado; sin embargo, pese a la gravedad del hecho, luego de la cumbre de poderes, el Gobierno ni la Justicia dieron respuesta.
