Las conversaciones del diputado fallecido Eulalio Lalo Gomes, que fueron reveladas luego de la extracción de datos de su teléfono, demuestran el avance del crimen organizado hacia todas las instituciones del Estado; sin embargo, pese a la gravedad del hecho, a una semana y media de la cumbre de poderes, el Gobierno ni la Justicia dieron respuesta.
Santiago Peña había convocado a la reunión de los titulares de cada poder estatal y extrapoderes, pero hasta ahora, el presidente no tomó acción y más bien dio respaldo a sus ministros involucrados en el esquema de corrupción ligada a la mafia. Ellos son los hermanos Marco Alcaraz, de Inteligencia, y Liliana Alcaraz, de Seprelad, quienes aparecen vinculados en operaciones irregulares encabezadas por Lalo, que incluyen manipulación de casos penales, al igual que José Alberto Alderete, asesor político de la presidencia.
El presidente abandonó su rol de ser responsable de la conducción política y de seguridad del país, ya que no tomó medida alguna para devolver la confianza a la ciudadanía y la comunidad internacional, mientras se siguen revelando cada vez más hechos que implican a las autoridades en casos de corrupción.
En el Congreso Nacional la situación es similar. Honor Colorado tomó la decisión de mandar al frente al diputado Orlando Arévalo y le pidió que renuncie del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y a su banca por su vinculación con Lalo; sin embargo, funcionó como un chivo expiatorio para dejar intacta la estructura corrupta de la que formaba parte.
Desde la Corte Suprema en tanto hay todavía mayor silencio. El escándalo de casos amañados para beneficiar a actores del crimen organizado, mediante Lalo, obligó a dos juezas a renunciar, que son Sadi Estela López y Ana Graciela Aguirre Núñez. También suspendieron sin goce de salario a las magistradas Carmen Silva y Mirna Carolina Soto, igualmente implicadas por los mensajes.
El mismo presidente de la Corte, César Diesel, es mencionado por Lalo en varios chats, pero aseguró que solo fue nombrado y que no tuvo participación. “Ante publicaciones insistentes y ante otros eventos similares relativos a mi persona, quiero aclarar que no puedo ni voy a hacerme cargo de dichos de terceros y de conversaciones en las que no he tenido participación”, expresó durante una sesión del pleno.
En tanto las estructuras siguen intactas tanto el JEM como el Consejo de la Magistratura, pese a algunos intentos de opositores de formar parte o de plantear reformas. Sigue también en su rol pasivo la Contraloría.
Finalmente, la institución con mayor responsabilidad en tomar acción es la Fiscalía, pero Emiliano Rolón solo conformó un equipo de fiscales que se centra en cuatro personas denunciadas por el juez Osmar Legal por supuestos hechos de corrupción, que son las fiscalas Stella Mary Cano y Katia Uemura, además de Orlando Arévalo y Sadi López. No se investiga a los demás implicados, entre ellos, policías y militares.
Poderes con nulas reformas tras crisis
Ejecutivo. Santiago Peña no propuso reforma alguna para la revelación más grande de la historia sobre la incursión del crimen organizado en el Estado. Mantiene a sus ministros Marco Alcaraz, Liliana Alcaraz y José Alberto Alderete.
Congreso. Las actividades ilícitas de Lalo Gomes beneficiaron a congresistas colorados, pero igualmente el Legislativo se mantiene en silencio, sin una propuesta y respaldando a los implicados. La única renuncia que se dio fue de Orlando Arévalo.
Corte. El escándalo de los chats de Lalo obligaron a renunciar a dos juezas, Sadi López y Ana Aguirre. Tampoco se plantearon medidas de saneamiento pese a que hasta el presidente Diesel fue mencionado como benefactor del ya fallecido diputado.
Fiscalía. Emiliano Rolón tuvo la reacción más tibia, pese a ser el órgano con mayor responsabilidad. Un equipo de fiscales se encarga de investigar, pero solo a cuatro personas, que son las mencionadas por el juez Osmar Legal, a quien contradictoriamente también decidieron abrirle una causa.
JEM continúa sin reglamentación
La decisión principal de la cumbre de poderes convocada por Peña todavía no se cumplió, que es impulsar una reglamentación del JEM, con restricciones para los miembros de mantener reuniones o comunicaciones privadas con magistrados en general. Todo contacto deberá ser público y oficial.
