Copaco está quebrada, pierde más de diez mil millones de guaraníes por mes. La Caja Fiscal de la que cobran los jubilados del Estado se come casi 100 millones de dólares de los impuestos de los contribuyentes por año.
De los 1.200.000 beneficiarios del seguro médico del IPS, 44 mil absorben el 70% del presupuesto de salud debido a las llamadas enfermedades catastróficas. El modelo colapsó y la consecuencia es la humillación a la que son sometidos a diario miles de asegurados mendigando atención y medicamentos.
Estos son solo algunos de los desafíos sociales y financieros más graves y urgentes que el presidente Santiago Peña debe enfrentar. Todas las medidas necesarias son dolorosas y tendrán un inevitable costo político.
El precio de no hacer nada; sin embargo, es infinitamente mayor. Puede que no para él, pero sí para quien le suceda en el cargo.
Peña se encuentra en una encrucijada histórica. Puede apelar a las mayorías de su partido e intentar llevar adelante esas reformas, aunque estas supongan dinamitar el modelo populista de la ANR o mantener el statu quo y ser apenas uno más del montón, un burócrata como tantos limitado a repartir canonjías y sobrevivir en el cargo hasta las próximas elecciones.
Lo dramático, si toma el camino fácil, es que esta vez las bombas ya no son una premonición o un mero cálculo actuarial, sino una abrumadora realidad. Las bombas están explotando ya.
Los ejemplos más notables y escandalosos son los de la telefónica del Estado y la previsional. Los números de Copaco son de vértigo. Sus gastos operativos mensuales superan a sus ingresos en más de diez o doce mil millones de guaraníes. Estamos hablando de un problema de caja de alrededor del millón y medio de dólares por mes. La plata no le alcanza para pagar todos los salarios de sus 13 mil empleados, a sus proveedores ni para comprar papeles.
Es un gigante famélico que vive del servicio de la telefonía fija que cae en picada y de un servicio de internet incapaz de competir con las inversiones privadas. Sus días están contados.
La situación de IPS es todavía peor por el número de víctimas. La previsional carga con 1.200.000 supuestos beneficiarios de un seguro médico teóricamente universal, con la promesa de una cobertura del ciento por ciento (recordemos que por cada asegurado se incluye a los padres, los hijos y la pareja). El modelo se creó en los años cincuenta cuando la medicina ofrecía como mucho radiografías, penicilina y analgésicos. Hoy hay desde un trasplante de corazón hasta medicamentos monoclonales e inmunoterapia. Por supuesto, los costos son siderales. La consecuencia es que el tratamiento de más o menos unos 50 mil pacientes absorbe tres cuartas partes de todo el presupuesto de salud. Si a ello le sumamos la corrupción endémica, el escenario final es el de una legión de pacientes deambulando en los hospitales del IPS clamando atención medica, medicina o tratamientos que le salven la vida. Esto mismo se repite en todos los hospitales públicos.
Hay un fondo para enfermedades catastróficas, pero prácticamente sin fondos. Podrían destinarse a ese fin los más de 90 millones de dólares de impuestos con los que hoy tapamos los agujeros de la caja fiscal, el modelo previsional de los trabajadores del Estado que incluyen privilegios imposibles de financiar.
Ninguno de estos culebrones financieros se resuelve con medidas de parche. Como economista, el presidente lo sabe. La cuestión es si tendrá el coraje, la voluntad y el talento político como para hacer lo que se tenga que hacer, aunque eso destruya muchas de las bases populistas y prebendarias de su propio partido.
Todo depende de Peña ¿Pasará a la historia como un reformador… o como un burócrata más, otro títere del poder?
