El 180° Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se realizó la semana pasada en nuestro país, dejó al descubierto que solo tenemos un discurso en el que somos “referentes en derechos humanos” lo que está totalmente alejado de la realidad.
Esto, porque ni una sola de las 14 sentencias contra el Paraguay fue cerrada totalmente, como dijo el primer juez paraguayo de la Corte IDH, Diego Moreno. De ellas, hubo reuniones privadas para el cumplimiento de cinco.
Lo peor es que tres de ellas son por no cumplir con las sentencias relativas a la devolución de tierras a las comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek. Es decir, por no respetar el derecho de propiedad de estos pueblos.
Según el último censo del 2022, tenemos unos 140 mil indígenas, que pertenecen a 19 pueblos distribuidos en cinco familias lingüísticas, lo que representa el 2,29%, de la población, segmento que tiene a los más desfavorecidos.
Las resoluciones de la Corte IDH son del 2010, en dos de los casos, lo que demuestra la casi nula voluntad de cumplir con los fallos, a 15 años de haber sido dictados. Los otros dos son el caso Córdoba, sobre la restitución internacional de un niño y el del periodista Santiago Leguizamón, crimen ocurrido en 1991.
Respecto a la restitución, se dictaron medidas de reparación y de no repetición. En el caso del comunicador asesinado, se declaró la responsabilidad del Estado sobre la integridad personal, garantías y protección judicial a los familiares. Son once medidas de reparación que se dictaron en la causa.
Si bien la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández, aclaró que se refirió a toda la región cuando habló de que la democracia pasaba por uno de los momentos más críticos, nuestro país se halla entre los que están en ese punto más preocupante.
En el Paraguay, el respeto a los derechos humanos se va deteriorando cada vez más. Es que justamente el Estado, encargado de velar por los derechos de las personas es el que no los cumple, lo que origina su violación cada vez más reiterada.
Como muestra de la ya casi costumbre de no respetar los preceptos constitucionales, tenemos que el domingo, apenas dos días después de culminar las sesiones de la Corte IDH, ya violaron los derechos humanos con la manifestación de la denominada Generación Z.
Se montó un operativo de unos 4.000 policías que cerraron las calles, revisaron y obstaculizaron a los que querían manifestarse, todo para meter miedo y desalentar la marcha. Es evidente que hay temor de parte del Gobierno.
Al final, fueron entre 200 y 300 personas las que fueron reprimidas, detenidas, golpeadas y hasta atropelladas, todo por querer ejercer su derecho a la libertad de expresión. Se alegaba “resistencia” y “amenaza de hechos punibles” para retenerlas.
La propia comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura denunció ante la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos lo que estaba ocurriendo con los detenidos, lo que motivó la intervención de la agente fiscal en plena madrugada del lunes.
Incluso, con el correr de los días nos enteramos de que la Fiscalía abrió una investigación y se realizó un monitoreo de las redes sociales, como si protestar fuera un delito. No se informó si hubo o no orden judicial para este control estatal.
La cuestión fue mucho más visible cuando los agentes del Ministerio Público, que supuestamente debían imputar a los detenidos por las protestas, dispusieron su libertad ya que en los informes no se veían siquiera indicios de hechos punibles.
No obstante, la investigación continúa y bien podrían ser imputados ante la presión externa sobre los agentes fiscales, como para poder justificar la represión ocurrida el pasado domingo.
En fin, aunque queramos aparentar que somos ejemplo, damos cada vez más lástima.
