El ministro de Economía, Carlos Fernández, cumplió con su palabra y presentó el proyecto de reforma de la Caja Fiscal un día antes de que terminara el año. El documento pretende reducir los privilegios jubilatorios de los que hoy gozan maestros, policías y militares, cuyo costo anual supone para el Estado un monstruoso agujero financiero que supera ya los 300 millones de dólares. No sabemos si las mayorías que ostenta aún el oficialismo en ambas cámaras del Congreso serán suficientes para que le aprueben al Gobierno una primera reforma previsional que, sin duda, tendrá un alto costo social y en un año en el que se disputan las elecciones municipales. Quizás por eso es bueno recordar por qué esta reforma en particular no solo es necesaria y urgente, sino además absolutamente justa.
Tenemos un sistema previsional fragmentado y absurdamente desigual en el que un maestro, un militar y un policía pueden estar gozando de la jubilación antes incluso de cumplir los cincuenta años, mientras que un funcionario de la administración central y un trabajador privado deben haber superado los sesenta. Un comisario y un coronel retirados tienen una jubilación que se ajusta automáticamente al salario del efectivo en actividad, mientras que para los jubilados del IPS el ajuste se hace solo por inflación.
Este tratamiento diferenciado, que es una forma amable de describir privilegios, no sería un problema si cada caja pudiera soportar el costo de ese trato especial. Lamentablemente, no es así. De hecho, la Caja que incluye más de estos privilegios, la del Estado, tiene un déficit que crece vertiginosamente y que hoy de manera absolutamente injusta se cubre con los impuestos que pagamos todos, incluyendo al grueso de los trabajadores que carece de seguridad social y que jamás tendrá el beneficio de la jubilación.
Un primer mito que hay que derribar para debatir racionalmente sobre el problema de la Caja Fiscal es que quien se jubila solo recupera el dinero que aportó. El nuestro no es un sistema de capitalización individual donde cada uno construye su jubilación solo con su aporte y el monto del haber jubilatorio futuro depende exclusivamente de cuánto dinero aportó; el nuestro es un sistema de reparto en el que los aportes van a una bolsa común de la que se pagan todas las jubilaciones. El modelo requiere pues que siempre haya más aportantes que jubilados.
Voy a hacer un ejercicio matemático muy simple e imperfecto para explicar por qué es un mito que la jubilación es solo la recuperación de lo aportado. Supongamos que durante los 30 años que usted debe aportar para jubilarse ganó 100 mil guaraníes mensuales, y que durante todo ese tiempo entregó el 30 por ciento de sus ingresos, es decir unos 30 mil guaraníes. En ese tiempo habrá contribuido a la previsional unos 10.800.000 guaraníes. Si luego se jubila con el equivalente al ciento por ciento de sus haberes, es decir con una jubilación de 100 mil guaraníes, lo que aportó en tres décadas se agotará en 108 meses, es decir en nueve años. Si usted se jubila a los 60 años se quedará sin jubilación a los 69. Si vive más tiempo alguien tendrá que hacerse cargo de seguir pagando su pensión. Si se jubilara a los cincuenta y falleciera a los 75, su déficit superaría los 30 millones de guaraníes. Multiplique eso por miles de jubilados.
Por supuesto que esto es infinitamente más complejo. El salario va cambiando a lo largo del tiempo, hay que sumar el impacto de la inflación y agregar las utilidades que generen los aportes, entre tantas otras variables. Pero, básicamente, es así como funciona el modelo. Ningún aporte cubre lo que eventualmente cobrará un jubilado. La brecha la cierran los actuales aportantes. Es un sistema solidario. El problema se da cuando se establecen reglas diferentes que suponen privilegios para unos pocos, y cajas distintas cuyo número de nuevos aportantes es limitado. El sistema colapsa obligando a contribuyentes que en su mayor parte no tienen seguridad social a tapar ese creciente agujero financiero. Por eso, igualar requisitos para la jubilación y beneficios jubilatorios no son una cuestión política ni ideológica, es simplemente una cuestión de justicia.
