El primer amanecer del año debería traer consigo la promesa de un nuevo inicio, la esperanza de un tiempo mejor. Sin embargo, para la comunidad indígena Tekoha Karapã, en Canindeyú, el 2026 comenzó con el eco del sonido de disparos aún retumbando, el olor a humo de sus viviendas incendiadas y el terror de un cerco armado de civiles.
Este brutal episodio, ocurrido el 29 de diciembre, fue denunciado por el Vicariato del Pilcomayo, no es una simple noticia de conflicto agrario, sino una más de las tantas. Es una radiografía descarnada de la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, una prueba de fuego –literalmente– para nuestro Estado de derecho.
Lo ocurrido en Ypehú es una violación múltiple y sistemática. Esta agresión es un asedio planificado que busca el desalojo y el amedrentamiento a través del fuego, las balas y el aislamiento. Privados de libertad, de alimento, de asistencia y de la protección policial que les corresponde por ley, los miembros de esta comunidad están siendo sometidos a lo que la Iglesia denuncia acertadamente como una “inminente amenaza de etnocidio”.
Cuando guardias privados pueden usurpar el monopolio de la fuerza, retener patrulleras y desafiar abiertamente el orden constitucional, estamos ante una quiebra alarmante de la soberanía estatal y del contrato social básico.
Este ataque es doblemente grave porque se lanza contra un pueblo cuyo estatus y derechos están blindados por nuestro marco jurídico más sólido. La comunidad Karapã está amparada con claridad en el Capítulo V de la Constitución Nacional, que reconoce su preexistencia a la formación del Estado (Art. 62) y su derecho a la propiedad comunitaria de la tierra “en extensión y calidad suficientes” (Art. 64).
Además, les protege el Convenio 169 de la OIT, Ley Nacional (234/93), que obliga al Estado a garantizar sus derechos sobre las tierras que ocupan, tradicionalmente, reconociendo la relación holística, cultural y espiritual que los une a su territorio. Este marco es una obligación jurídica de primer orden .
La respuesta estatal, sin embargo, parece más preocupada en relativizar la gravedad (“hay muchas versiones”, dicen) que en actuar con la contundencia y urgencia que la Constitución y los tratados internacionales le exigen. Esta parálisis ante la fuerza privada ilegal envía un mensaje pavoroso, que los derechos humanos son negociables, que los más vulnerables pueden ser sacrificados ante intereses económicos, y que la justicia llega, si es que llega, cuando el daño ya es irreparable.
Por eso, este no es un problema que compete solo a los pueblos originarios. Es una crisis de legitimidad para toda la nación. Cada vivienda quemada en Karapá es un artículo de nuestra Constitución que se incendia. El verdadero cerco es de la indiferencia y la impunidad que nos degrada como sociedad.
El 2026 no puede seguir por este camino. A la Fiscalía y el Gobierno les corresponde actuar de inmediato; proteger la vida e integridad de la comunidad, investigar y sancionar a todos los responsables, y delimitar y titular las tierras ancestrales como manda la ley. Los derechos humanos no son un discurso para ocasiones formales. Defenderlos no es opcional, es la condición mínima para poder llamarnos, con algo de decencia, una República.
