Anexado entre las propuestas del informe final se halla un plan para jubilar a 423 funcionarios.
El documento indica que la mayoría de los afectados no son adultos mayores muy longevos, sino personas en la franja etaria de jubilación. El 41% tiene entre 50 y 59 años, y el 46% entre 60 y 69 años, sumando un 87% del total. Solo un 13% restante supera los 70 años.
Este dato revela que el problema central es la acumulación de personal que, cumpliendo los requisitos (30 años de servicio y 55 años de edad), no inició aún el proceso de jubilación, lo que genera una carga financiera que la Municipalidad podría evitar.
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Mensualmente, solo en salarios la Comuna gasta por funcionarios en edad de jubilación la suma de G. 2.419.950.064 (aproximadamente G. 2.4 billones anuales), según el informe.
Además, hasta agosto de este año mantenía una deuda de 15.784 millones con la Caja Municipal, correspondiente a los haberes de marzo a julio de 2025.
El proyecto “se inicia con la cancelación del saldo pendiente con la Caja Municipal más las erogaciones legales que impliquen la jubilación de las 423 personas”.
Señala que si esta cantidad se jubilara, la Comuna dejaría de pagar sus salarios completos y solo pagaría las jubilaciones, generando un ahorro mensual de G. 2.420 millones.
“Del total del aporte mensual a cargo de la Municipalidad de Asunción se destinarían G. 2.420 millones para abonar las jubilaciones a ser realizadas con la implementación del proyecto. La cifra mencionada implica un 61% del total a ser aportado por la Municipalidad en concepto de aportes de afiliados y de la institución”, se menciona en el documento.
“El 39% restante de los aportes (equivalente a G. 1.158 millones mensuales) podrá ser usado para abonar las actuales jubilaciones, tanto de los anteriormente Jubilados como de los demás jubilados municipales”, además de “cubrir los costos operativos de la Caja Municipal”.
La propuesta crea así un círculo donde los mismos recursos que hoy se usan para pagar salarios se redirigen para financiar jubilaciones en un plazo de 23 meses.
Emisión de bonos mediante fideicomiso
El informe presenta un proyecto que podría resolver dos problemas que afronta la Municipalidad: la altísima deuda con la Caja Municipal y la necesidad de jubilar a funcionarios antiguos.
En una presentación vinculada a la segunda parte del documento, se expone sobre la implementación de un fideicomiso de titularización de flujo de caja.
El mecanismo consiste, de acuerdo al documento, en utilizar el “flujo de caja futuro” que generará el municipio al jubilar a su personal. Se plantea que al reemplazar los salarios altos que se pagan actualmente a los funcionarios, por pagos más bajos que se realizarán en el futuro en concepto de jubilaciones, la Comuna experimentará un “ahorro” mensual.
Este ahorro sería “empaquetado” y vendido mediante la emisión de bonos o títulos de crédito a inversionistas, como el Instituto de Previsión Social (IPS) o actores privados.
Este “flujo futuro” de caja por ahorros de remuneraciones a los nuevos jubilados, podría alcanzar un estimado de G. 55.000 millones en un periodo de 23 meses.
El ahorro mensual real, obtenido por la diferencia entre las antiguas remuneraciones y las nuevas jubilaciones, se utilizaría para pagar el capital y los intereses de los bonos emitidos a los inversionistas.
Transparentar cuentas con un auditor externo
Con el objeto de fortalecer la confianza en la gestión del municipio, el informe también presenta un proyecto de ley que establece una auditoría externa e independiente anual sobre los estados financieros, presupuestarios y patrimoniales de la Municipalidad.
La iniciativa busca instaurar un mecanismo de control adicional y complementario al que ya ejerce la Contraloría General de la República (CGR).
De aprobarse, la Municipalidad deberá contratar cada año a un auditor externo “independiente, debidamente habilitado y registrado conforme a la normativa vigente”.
Sus informes no solo serán enviados a la Contraloría y a la Junta Municipal, sino que también serán puestos a disposición de la ciudadanía.
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El proyecto de ley indica que esta nueva auditoría “no sustituye ni limita” las atribuciones constitucionales de la Contraloría.
El organismo estatal mantendría su “competencia exclusiva” de control externo. La medida se presenta así como un mecanismo de control añadido de escrutinio.
“La auditoría externa permitirá garantizar la fiabilidad de los estados financieros, presupuestarios y patrimoniales, asegurando que la información contable refleje de manera veraz la administración de los recursos municipales”, indica la justificación del proyecto.
Compensación con el Ministerio de Economía
Otra propuesta de la intervención refiere sobre un proyecto de ley que apunta a resolver la deuda que existe entre la Municipalidad y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Desde el 2018, la Municipalidad capitalina ya no recibe el dinero del Fonacide por falta de cumplimiento con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La Comuna debe transferir el 15% de lo recaudado por impuesto inmobiliario al MEF (dinero que debe ser destinado a los municipios de menores recursos), pero no lo hace desde el 2015, por lo tanto, no puede ser pasible de la recepción de los fondos, así como también de royalties y juegos de azar.
Actualmente la Municipalidad debe cerca de G. 180 mil millones de guaraníes al MEF, al menos hasta el cierre del primer cuatrimestre del 2021, según datos proveídos por Reacción Paraguay.
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La propuesta de la intervención establece un “régimen de compensación”, consistente en que ambas instituciones reconozcan las deudas que mantienen y se crucen las cuentas pendientes.
“Autorízase la compensación de obligaciones mediante compensación administrativa directa, por el monto coincidente de la deuda reconocida a favor del Ministerio de Economía y Finanzas y el crédito reconocido a favor de la Municipalidad de Asunción”.
“El remanente resultante a favor de cualquiera de las partes será regularizado en forma posterior mediante mecanismos ordinarios de pago”, añade el documento.
El saldo final quedaría certificado en un acta de conciliación, con el aval de la Contraloría.
La norma fijaría un plazo de 60 días para el cierre contable y otorgaría a la compensación efecto cancelatorio para ambas partes, blindándolas ante futuros reclamos o auditorías.
Además, el proyecto establece que el MEF debe publicar en su portal oficial todos los montos, documentos y saldos resultantes.
De promulgarse, el Ejecutivo tendrá 30 días para reglamentar el sistema.
Encargo fiduciario y embargo preventivo
La propuesta del encargo fiduciario, que fue anunciada por Pereira durante la última etapa del proceso de intervención, busca, según la presentación anexada al informe final, “reducir la morosidad y mejorar la eficiencia en la cobranza de deudas tributarias municipales”.
Se menciona en primer lugar que un encargo fiduciario puede conllevar a una “gestión de negociación y cobranza sin demanda” que es capaz de lograr “la recuperación de las deudas “de manera amistosa” (extrajudicial), sin juicio previo.
El documento contempla la efectividad de estos cobros mediante la gestión del Certificado de Deuda Municipal, puesto que se trata de “un título ejecutivo” que permite solicitar embargo ejecutivo, agilidad en el cobro y ejecución directa y forzosa sin necesidad de un juicio.
Sobre el embargo ejecutivo se resalta como ventaja que “no prescribe ni se levanta automáticamente, sino solo contra cancelación por pago o por subasta judicial del inmueble”. El procedimiento “es breve, lo que puede ayudar a acelerar la recuperación de la deuda”.
Se destaca por otro lado que “la gestión de cartera” de morosos “con bancos interesados puede ayudar a identificar y recuperar deudas tributarias de manera más eficiente”.
El informe utiliza un ejemplo concreto para resaltar los potenciales beneficios. Señala específicamente que los 30 mayores deudores del municipio, entre los que se menciona a Provida S.A, concentran Certificados de Deuda Municipal por G. 126.500 millones.
En caso de que se pueda recuperar solo el 50% de esas deudas, se generaría un flujo de aproximadamente G. 63.245 millones, indica el documento.
El informe indica que solo con este flujo alcanzado se contaría con la capacidad necesaria para cumplir las obligaciones del municipio de manera ordenada.
La propuesta, además, debe enmarcarse en una comunicación transparente tanto con los contribuyentes, con los bancos involucrados y la Corte Suprema de Justicia, “para garantizar que se respeten los plazos de ejecución de sentencia previstos en la acordada de la CSJ”.
En caso de aplicarse esta medida, el informe concluye que se debe capacitar y apoyar a los funcionarios municipales y judiciales para la correcta aplicación del encargo y el embargo preventivo.
