La Corte emitió recientemente el Acuerdo y Sentencia Nº 477/2025, que se expide sobre la inconstitucionalidad de la delegación de funciones tributarias de la Municipalidad de Asunción a entidades privadas. El fallo surge de la acción promovida en 2018 por más de 3.000 contribuyentes en rechazo al contrato firmado por la Comuna con el Consorcio TX para la gestión de cobros.
Rosa Vacchetta, una de las referentes de aquel litigio, explicó la trascendencia de la resolución, asegurando que la Municipalidad no puede admitir “su tremenda inutilidad para cobrar impuestos y entonces delegarles a los bancos por fideicomiso”.
“Es una función absolutamente indelegable y eso dice la sentencia que acaba de salir y ya se le está notificando oficialmente a la Municipalidad de Asunción”, contó la abogada en una entrevista con Última Hora.
Lea más: Interventor de Asunción recomendará un encargo fiduciario para cobrar a morosos
Recordó que la Corte fundamenta la imposibilidad de tercerizar tributos en el artículo 166 de la Constitución Nacional, y que el alcance del fallo es general:
“Fue una lucha de siete años de proceso judicial y salió erga omnes. No es solamente para los firmantes. En el considerando se explica por qué debe ser para la generalidad de los habitantes del municipio de Asunción”.
La abogada cuestionó en este sentido la propuesta del ex interventor de Asunción de recurrir a un fideicomiso para el cobro de morosos: “Los bancos lo único que necesitan es una garantía. ¿Cómo le cobro a esta gente? ¿Cuál es su garantía? El inmueble que tienen. Imaginate lo que va a pasar: la casa de la gente va a terminar en manos de los bancos. Esa no es función del Municipio. Está absolutamente equivocado”.
Recordó que este modelo se discutió durante varias administraciones municipales. Aunque fue frenado en época de Enrique Riera, avanzó bajo la administración de Arnaldo Samaniego y se concretó en 2018 durante la intendencia de Mario Ferreiro, con el contrato homologado por la Junta Municipal. La propia Corte había ordenado entonces suspender la entrega de datos de contribuyentes en una medida cautelar, recordó Vacchetta.
Explicó que el Estado municipal tiene tres elementos básicos: el territorio, los contribuyentes y la casa de gobierno, en este caso, la Municipalidad. Si esta se declara incompetente para cobrar tributos, ¿para qué se cobran?, cuestionó la abogada. “Si una de las partes se declara incompetente para esta función, se rompe esa relación y se rompe también la imposición, la obligatoriedad”, dijo.
“No es que vamos a derivar a los bancos que se queden con las casas de la gente. El tributo tiene una función, que el Estado cumpla con su función social de administrar para la sociedad. Es una relación de tres elementos que están ligados íntimamente entre sí. Por eso, es impositivo. Cuando se sale de esa regla, se rompe la imposición”, añadió.
En su análisis, la abogada también se refirió a las irregularidades con el consorcio TX. La Municipalidad había adquirido el sistema informático SATI, pese a que no funcionaba.
“Terminaron comprando un sistema que no funcionaba, sabiendo que no funcionaba. Eso sí que es lesión de confianza. Habría costado G. 3.500 millones. Una locura”.
Consultada sobre las alternativas para mejorar la recaudación, Vacchetta planteó que el problema no se encuentra en tercerizar, sino en recuperar la confianza ciudadana:
“La gente va a ir a pagar cuando la Municipalidad recupere su función y cumpla con los servicios comprometidos. Hoy es la vaca lechera para asalariar a 60 directores, de los cuales ocho direcciones funcionan, el resto son desconocidas, pero nos cuestan G. 1.000 millones mensuales. Tenemos 509 asesorías para 24 concejales y 9.119 funcionarios. Estamos pagando duplicado, en lo público y en lo privado. No hay plata que aguante”.
El economista Carlos Pereira respondió, por su parte, que el encargo fiduciario “es apenas una sugerencia para salir de la situación complicada”.
“Imagino que los abogados deberían conocer esos alcances legales y al final son libres de emitir sus opiniones al respecto. Eso está consagrado en el Código Civil y en la Ley 921 de Negocios Fiduciarios”, aseguró.
Actualmente, la Comuna cuenta con una cartera de deudas de morosos que no pueden prescribir de los últimos cinco años y que ya están registradas con facturas emitidas para cada contribuyente. Estas deudas ascienden a G. 5,4 billones, según cifras proveídas por Víctor Gamarra Popoff, el director interino de Administración y Finanzas durante la intervención.
