El trabajo de control, liderado por Emi Moriya, empezó el 2 de julio de 2025, cuando se procedió al corte administrativo de entrega y recepción de la Municipalidad. Entre los documentos recibidos por el equipo interventor, se incluyó el balance general con las cuentas patrimoniales y el cuadro de resultados a la fecha.
El total del activo de la Comuna ascendía a G. 4.621.789.934.683; el pasivo, a G. 2.329.616.940.777. Entre las deudas se expuso que se debían G. 15.123.452.055 por interés vencido del bono G8.
También se incluyó la deuda por salarios, que alcanzaba en fecha 31 de mayo, la suma de G. 33.860.159.233. A principios de junio hubo descontento e inclusive una manifestación en el despacho de la Intendencia por el retraso en el pago de haberes.
Por deuda de bonos, según memorandos N° 187/25 y 113/25, se debía hasta el 31 de mayo G. 2.318.365.669, y la deuda total por compromisos pendientes llegaba a G. 61.968.434.174.
Esto sin contar con la deuda con la Caja de Jubilaciones, que llegaba inclusive a G. 13.404.320.008.
Entre las documentaciones facilitadas a la intervención, también se expone el libro de banco. Allí nuevamente no se da cuenta del paradero de los bonos G6 y G7, emitidos en 2020 y 2021 por la administración del ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez.
SUPERPOBLACIÓN. La intervención descubrió que hay registros de 9.257 cargos en la Municipalidad, entre nombrados, jornaleros, contratados y honorarios. De estos, 9.199 son “activos”. El número de cargos representa a 9.007 personas, según el informe.
“Significa que los cargos ocupados son mayores a la cantidad de personas, ya que existen funcionarios con más de un cargo (ejemplo: Docente y/o personal de salud)”. En total hay 97 personas registradas con más de un puesto, según el informe.
“De 9.119 cargos/puestos efectivos al momento de la carga del proyecto de anexo 2025, al cierre de 2024 existían 8.937, que representaban a 8.866 personas, de las cuales 127 eran repetidas, correspondientes a 57 cédulas más 1 por vacante”.
Cabe resaltar que existen cargos múltiples que se admiten legalmente, como docentes y personal de blanco. En la intervención, por otro lado, se llegaron a registrar 45 bajas por renuncia, jubilación, fallecimiento, destitución o por término de relación laboral.
SALARIOS. El informe expone que en mayo se pagaron G. 51.638.464.977 a 8.829 funcionarios. En junio, G. 60.771.612.754 a 8.861 personas, incluidos 24 concejales, el defensor y vicedefensor de la Junta Municipal. Llamativamente, el documento señala que hubo 19 personas registradas sin asistencia en junio, y por tanto sin salario.
Estructura. El informe expone la estructura interna de la Municipalidad, con cerca de 60 direcciones que funcionan como compartimientos “estancos”, según el documento.
Se indica, por otro lado, que el reglamento interno no fue socializado entre los funcionarios y que presenta carencias: No detalla criterios técnicos ni mecanismos de control externo, no menciona sistemas modernos de control laboral, auditoría independiente ni control ciudadano, ni define detalles sobre el proceso de incorporación al plantel permanente.
La intervención recomienda entonces aprobar un nuevo reglamento interno conforme a la Ley 7445/2025.
Horario. La carga horaria debe ser de ocho horas de lunes a viernes, salvo casos insalubres, que deben cumplir seis horas diarias o 36 semanales, según el reglamento. Sin embargo, la intervención expuso que hay funcionarios que trabajan entre 5, 6 y 8 horas sin control riguroso.
Control. Existen 42 relojes de marcación biométrica (nueve en la sede central y 33 en entes descentralizados), para 4.132 funcionarios. La unidad operativa descentralizada controla 31 relojes, para 3.007 funcionarios.
También hay planillas de asistencia supervisadas por fiscalizadores. 49 pertenecen a la Dirección de Reducción de Riesgos y 47 a la de Seguridad. El control se realiza con descarga manual en USB, verificación y reportes enviados a la Unidad de Liquidación.
Hay 39 dependencias declaradas insalubres; 26 totalmente. Varias declaraciones datan de hace 29 años, por lo que se otorga un “beneficio” por insalubridad a los funcionarios, pero no se adecuan las instalaciones afectadas. Entre sectores insalubres se citan: Fumigación, depósito, Cateura, Cementerio del Sur, taxidermia y recolección de basura.
2,3 billones de guaraníes suma el pasivo municipal hasta el 31 de mayo de este año, según el balance general del 1 de enero hasta la fecha.
9.000 funcionarios integran la Municipalidad de Asunción. 9.119 cargos representan a 9.007 personas/funcionarios. Hay más cargos ocupados que personas.
60.771 millones de guaraníes pagó la Municipalidad por salarios del mes de junio, según informe de intervención.
No hay concursos públicos y se registraron pagos ilegales
En la Municipalidad no se realizan concursos públicos de oposición ni tampoco concursos de promociones internas. Dichas promociones se realizan “con la simple solicitud de los titulares de las dependencias”, dice el informe.
“Una vacancia y la desvinculación de un funcionario, (...) ya sea por fallecimiento, jubilación o renuncia, produce la posibilidad del cambio de relaciones laborales, a diferencia de lo establecido en la Ley de la Función Pública”, se expone.
Hay 122 funcionarios que provienen de otros organismos que incluso ocupan cargos de forma estéril, puesto que no hay señales de gestión favorable, como es el caso de la Dirección Ejecutiva del Fonacide, en 2023 liderada por el nuevo intendente Luis Bello.
La Dirección, a cargo de Emanuel Lara, hermano del edil Jesús Lara, no presenta evidencias de que la gestión, “durante más de 9 años, se traduzca en cumplimientos de la institución ante el Ministerio de Hacienda”.
Pago ilegal. El 13 de abril de 2023, Luis Bello firmó un recibo por un pago de G. 3.596.478 por aguinaldo proporcional de 2022 y vacaciones del 2020 y 2021. Este pago es ilegal puesto que se hizo con el dinero del bono G8, que se debía usar para 8 obras de desagüe.
Bello, quien fue concejal titular el 30 de agosto de 2023, cuenta con el apoyo del presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre. Anteriormente era concejal suplente, pero escaló cuando Luis Bernal fue designado como titular de la Essap.
Pese a tener técnicos y 27 sistemas, solo 2 se usan para RRHH
La intervención también reveló que la Comuna tiene sistemas limitados de control que no están integrados, pese a haber realizado inversiones en tecnología. Es así que se realiza un manejo manual de las gestiones de los más de 9.000 funcionarios.
El informe recuerda que durante la administración de Mario Ferreiro, en 2019, la Dirección de TIC firmó un contrato con la empresa Excelsis SA para adquirir un sistema de gestión de recursos humanos (ID: 338.804).
Hasta la fecha de la intervención, sin embargo, el sistema no fue implementado, “a pesar de que el responsable del área de Tecnología de la Información sigue siendo el mismo funcionario hace 2 décadas”.
En la institución existen además varios sistemas que no fueron implementados. Se cuenta con un total de 27, pero conforme a los reportes de todos los departamentos y unidades de la Dirección de Recursos Humanos, solamente están en uso los sistemas SIRH, INMOBIL y SIRH2 (en implementación a cargo de la Dirección de TIC).
El SIRH “contiene liquidaciones de la Intendencia y entes descentralizados para las relaciones de nombrados, contratados, honorarios profesionales, concejales, etcétera; el INMOBIL contiene liquidaciones para jornaleros.
El hecho de que existan solo dos sistemas de salarios “es una desventaja y una amenaza constante”, puesto que puede conllevar a errores si la comunicación en la dirección falla, además de que puede dificultar la capacidad de respuesta ante un informe general, existiendo dos reportes de dos sistemas con formatos distintos.
“Recursos Humanos necesita más que un sistema de salario, necesita poder contener más y mejor información oportuna (manejo de puestos, datos de legajos, ubicaciones reales de funcionarios, control y monitoreo de asistencia biométrica)”, a fin de que los administradores puedan tomar mejores decisiones y que la extracción de datos sea ágil.
Riesgos y falencias. Aunque la Municipalidad cuenta con una dotación numerosa de funcionarios técnicos, “entre ellos desarrolladores de software en la Dirección de TIC, (...) no sirvió de mucho en todos estos años”, dice el informe, atendiendo a que todos los sistemas continúan sin implementación.
Como consecuencia, la gestión del personal puede sufrir numerosos riesgos, entre ellos errores en liquidaciones, duplicidad, omisión o inconsistencia de datos, la posibilidad de fraudes internos, pagos duplicados o manipulación de datos, ausencia de trazabilidad para detectar y controlar irregularidades en las nóminas.
El hecho de que todavía se realice un manejo manual de legajos y documentos relacionados al personal expone a la Comuna al “extravío, daño o acceso no autorizado de información sensible” y “la excesiva dependencia de planillas, papeles y pasos manuales”, lo cual reduce la eficiencia en el trabajo administrativo.
El equipo de intervención llevó a cabo un censo que dio con el resultado de acumular en 116 formularios un total de 8.850 funcionarios.
Concluyó por de pronto que la Municipalidad “no cuenta con un sistema de control interno funcional y efectivo, lo cual representa una vulnerabilidad estructural para la administración de los recursos públicos, la calidad de los servicios, la rendición de cuentas y el cumplimiento de sus fines institucionales”.
