El Presupuesto General de la Nación (PGN) es el instrumento más importante que tiene un gobierno para mostrar sus prioridades y su visión de Estado. El documento propone un crecimiento del 11,2% con respecto al ejercicio 2026. Sin embargo, detrás de esta ampliación se observa la decisión de enfocar su capacidad fiscal en financiar deudas pasadas, relegando a un segundo plano las obligaciones con la ciudadanía.
Mientras se realizaba la presentación en el Congreso, los hospitales públicos verifican una crisis sanitaria sin precedentes con renuncias de profesionales médicos y parientes de pacientes clamando respuestas que beneficien a las familias que enfrentan problemas de salud.
Tal como está el proyecto de PGN 2027 es, en esencia, un presupuesto diseñado para pagar compromisos anteriores a expensas de perpetuar una persistente deuda social en salud y en otros ámbitos.
El documento oficializa un déficit fiscal equivalente al 3,9% del producto interno bruto (PIB). Las autoridades económicas argumentan que si se excluyera la gestión de deudas y el avance esperado de obras, el déficit se situaría en torno al 1,9%; sin embargo, esto es solo un discurso, porque la realidad es lo que está en el presupuesto que se convertirá en ley.
El Estado está gastando estructuralmente muy por encima de su capacidad de recaudación, y está cubriendo esa brecha mediante la emisión de más deuda, con poco esfuerzo en mejorar la calidad de la gestión tal como se observó en el caso de las compras a las farmacéuticas y la construcción de infraestructura que no cuentan con evaluaciones sobre la calidad, costos e impacto, además de que no se contabilizaron adecuadamente.
Gran parte del aumento presupuestario se dirige a contraer deudas para pagar deudas, por lo que el próximo año se agravará la crisis sanitaria, así como otros servicios públicos que ya muestran incapacidad para beneficiar a la población, tal como el caso de educación cuyos resultados nos ubican entre los países de menor logro educativo.
Las prioridades del Estado alcanzan un punto crítico al observar el tratamiento otorgado por el PGN 2027 a los trabajadores de la salud. Mientras el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue veloz para diseñar una “ingeniería financiera” para hacer frente a las deudas con empresas farmacéuticas y vialeras, fue incapaz de sentarse a negociar con una propuesta razonable y cerró las puertas del presupuesto a las históricas demandas salariales de los médicos. Es necesario recordar que los profesionales de blanco en Paraguay venían exigiendo el reajuste tras más de una década de pérdida de poder adquisitivo.
El incremento del déficit fiscal y la persistencia del endeudamiento público para garantizar el pago de deudas anteriores contrasta con la negativa de responder a demandas sociales tan legítimas como la actualización salarial de los médicos y la mejora en la gestión de la política sanitaria.
En el diseño de este presupuesto, el Estado paraguayo ha elegido de manera consciente ser un pagador ejemplar de sus deudas financieras, asumiendo el papel de deudor moroso permanente frente a sus propios ciudadanos.
Mientras la arquitectura de las finanzas públicas nacionales continúe diseñándose con el propósito de salvaguardar rentabilidades e intereses corporativos, el verdadero déficit seguirá siendo su profunda desigualdad social.
El desarrollo real y sustentable solo se logrará invirtiendo de manera decidida y digna en el capital humano que sostiene el bienestar diario de su población, tanto de los servidores públicos como de la población que debe recibir los servicios de los funcionarios.
