El candidato a concejal Bruno Martínez tiene como denunciado inicialmente a Diego Emmanuel Giménez Solís, además de otros funcionarios, fiscalizadores, intermediarios y otras personas que pudieran resultar responsables a partir de la investigación. Los denunciantes solicitan que se determine si los pagos documentados correspondieron a servicios privados legítimos o si fueron beneficios indebidos vinculados al ejercicio de funciones municipales.
La denuncia está respaldada por conversaciones de WhatsApp, comprobantes bancarios y otros documentos relacionados con un comercio gastronómico. En los mensajes aparecen referencias a supuestas verificaciones municipales, documentación, capacitación y exámenes, además de pedidos de adelantos y la indicación de realizar pagos a cuentas privadas.
En concreto, los comprobantes bancarios incorporados a la denuncia registran tres transferencias realizadas en abril y junio de 2026 a cuentas a nombre de Diego Emmanuel Giménez Solís, por un total de G. 1.700.000. Los conceptos consignados en las operaciones hacen referencia a “pago municipalidad”, “pago municipal” y “pago de municipalidad”.
Durante una conferencia de prensa, Johanna Ortega sostuvo que el caso constituiría un nuevo episodio de un supuesto esquema de “cajas paralelas” dentro de la Dirección de Defensa al Consumidor.
“Lo que denunciamos acá es un esquema más de cajas paralelas”, afirmó Ortega, quien vinculó el caso con cuestionamientos realizados anteriormente durante la intervención municipal encabezada por Carlos Pereira.
Según la denunciante, las conversaciones corresponden a un periodo en que el candidato a concejal de la ANR Carlos Morel se encontraba al frente de la dependencia. Ortega señaló además que Morel continúa como funcionario municipal y actualmente es candidato a concejal por la Lista 1.
La denuncia sostiene que los comerciantes son abordados durante supuestas fiscalizaciones y posteriormente contactados para ofrecerles soluciones a cambio de pagos. “Son aprietos, son pedidos de coima después de supuestas fiscalizaciones realizadas en locales comerciales”, manifestó Ortega.
Los denunciantes describieron como supuesto modus operandi el ingreso de fiscalizadores a locales gastronómicos, el intercambio posterior de números telefónicos y la realización de gestiones fuera de los canales oficiales de la Municipalidad.
En las conversaciones que forman parte de la denuncia aparecen frases como “con un 50% ya te podemos hacer y al terminar cancelás”, “en la municipalidad le podés dejar a mi secretario” y “hay mucha verificación hacia tu zona”. También se menciona un eventual pago de G. 300.000 para adelantar exámenes.
Bruno Martínez afirmó que el mecanismo se repetiría en distintos comercios. “Llegan a un área de almuerzo o de cena, se acercan para verificar algunas cosas, le dicen que van a cenar ahí, no pagan la cena (...) empiezan a pedir los montos para hacer los documentos y después de meses desaparecen”, relató.
Por su parte, el abogado Maximiliano Seiferheld sostuvo que esta sería la primera ocasión en que cuentan con documentación que, según afirmó, permitiría respaldar el supuesto esquema.
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“Esta es la primera vez, por lo menos en este periodo de tiempo, que tenemos pruebas fehacientes del mismo esquema de coima”, señaló. Seiferheld afirmó además que comerciantes y empresas serían víctimas de un mecanismo similar, pero que muchos no se animan a denunciar por temor a represalias o a consecuencias sobre sus negocios.
La denuncia pide al Ministerio Público preservar registros municipales, identificar a los funcionarios y fiscalizadores vinculados al caso, determinar si los involucrados tenían algún vínculo funcional o contractual con la Municipalidad y verificar la existencia de las fiscalizaciones mencionadas en las conversaciones.
También se solicita investigar la trazabilidad de los G. 1.700.000 transferidos, determinar si alguno de los pagos ingresó a las arcas municipales y establecer la eventual existencia de otros beneficiarios.
Entre las diligencias solicitadas figuran además pericias informáticas sobre las conversaciones de WhatsApp, informes bancarios y tributarios, documentación sobre las actividades comerciales supuestamente realizadas y la identificación del funcionario o persona mencionada en los chats como “secretario”.
Los propios denunciantes aclaran en el escrito que las evidencias disponibles no permiten establecer por sí solas si Giménez Solís era funcionario, contratado, proveedor autorizado o un tercero ajeno a la Municipalidad, ni si existió efectivamente una fiscalización o una amenaza concreta. Por ello, plantean que esos extremos sean esclarecidos durante la investigación penal.
La presentación también solicita determinar la eventual responsabilidad de funcionarios, intermediarios y superiores jerárquicos, así como verificar si existieron otros casos similares vinculados a la dependencia municipal.
