En el informe financiero del Poder Ejecutivo correspondiente al 2025, el contralor general de la República, Camilo Benítez, menciona que el 40% del trabajo de auditoría se concentró en el Instituto de Previsión Social (IPS) y que “es por lejos la institución más desordenada del Estado paraguayo”.
Según el contralor, IPS arrastra una deuda flotante de G. 1 billón y explicó que por eso no tiene recursos para comprar medicamentos. En este mismo tema apuntó asimismo la desaparición de medicamentos y la utilización de un mecanismo por fuera de la ley que consiste en la homologación de contratos vencidos.
Uno de los temas más graves que menciona el reporte es el pago de jubilaciones a personas que ya estaban fallecidas, pese a que podría haberse realizado el cruzamiento de datos con el Registro Civil. Por eso, el IPS pagó a jubilados por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 personas que ya estaban fallecidas. Apunta asimismo que este error se había advertido hace años, pero evidentemente ningún funcionario lo resolvió. En el reporte mencionaba también el caos financiero y las deudas al IPS, deudas que los funcionarios no se esforzaron en cobrar.
Además de la corrupción se debe decir que la actual situación responde en gran medida a la ineficiencia e inutilidad alevosa de las autoridades. Solo esto explicaría el dato que aporta la Contraloría General de la República, lo que constató que, al cierre de 2025, el IPS tenía una cuenta por cobrar al Estado de G. 5,04 billones y deudas patronales en gestión de cobro por G. 5,42 billones; sumadas ambas deudas acumulan G.10,4 billones que al cambio asciendo a USD 1.751 millones.
El IPS se sostiene desde siempre con los aportes del trabajador y de la patronal, dichos aportes se destinan en diferentes porcentajes al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, al Fondo de Salud y también al Fondo de Administración General. Y, pese a esto, no solo el Estado le debe al IPS sino que además históricamente el partido de gobierno durante 70 años –la ANR– lo utiliza como un botín político. La gran injusticia en esta ecuación es que quienes aportan los recursos son quienes deben sufrir las consecuencias de la corrupción y la inutilidad de los administradores y funcionarios. Porque son los trabajadores y las trabajadoras quienes sufren por la insuficiencia de quirófanos, de médicos especialistas, la falta de medicamentos e insumos, y el maltrato y la humillación cotidianas a que son sometidos los verdaderos propietarios de la previsional. Con la nueva administración del doctor Isaías Fretes desde hace cuatro meses se están descubriendo numerosas irregularidades y corruptelas. Frente a esto, solo cabe esperar que por fin la Justicia actúe y no permita que sigan impunes quienes se han aprovechado, desde el Gobierno y desde el sector privado, por tantos años del esfuerzo de los trabajadores.
En el Paraguay, al no contar la población con el acceso a la salud universal y gratuita, el Instituto de Previsión Social es fundamental para la clase trabajadora, tanto en la atención a la salud como a la jubilación. Y resulta indignante, precisamente por esto, el hecho de que se le nieguen servicios y asistencia a los aportantes debido a la angurria de los politiqueros, que tienen en el IPS su caja chica, y una agencia de empleos para sus correligionarios.
Sin corrupción y con gestiones eficientes ningún trabajador se quedaría sin atención médica de calidad y sin medicamentos. Es precisamente en este punto donde se puede señalar el gran daño que ha hecho al tejido social la corrupción. Porque esa corrupción presente y la de hace décadas es la que deja sin tratamientos y medicamentos a los niños con cáncer, a las personas de tercera edad, y sin atención médica digna al trabajador que sostiene el Instituto con el sudor de su frente.
Es hora pues de poner fin al despilfarro y la desvergüenza para que el IPS pueda ser el lugar al cual acuden los trabajadores y sus familias y encuentran respuestas. Urge tener buenos administradores, transparencia en la gestión y desterrar a los seccionaleros y planilleros para volver a dar a los asegurados un buen servicio. Porque el derecho a la seguridad social está garantizado por la Constitución.
