La protesta tuvo lugar en Caacupé, en el Poder Judicial de la Circunscripción de Cordillera, ya que los ocho concejales municipales se presentaron para una audiencia preliminar, que finalmente fue suspendida, sobre el caso de usurpación de funciones públicas, situación por la que fueron imputados, con medidas alternativas a la prisión. Habían revocado una resolución del intendente José Filippi, que habilitó la construcción un vertedero. Los pobladores aseguran que se trata de una zona de humedales, a orillas del arroyo Piribebuy, a unos 700 a 800 metros.
Como la audiencia fue suspendida por motivos de enfermedad del fiscal abogado Leonardo Elizaur Aguirre, los pobladores se trasladaron a la sede de la Gobernación de Cordillera, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto del supuesto vertedero que hace tiempo intentan instalar en el distrito. Sostienen que el gobernador Denis Lichi (ANR) hace caso omiso a los reclamos.
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Según reportó el corresponsal de Cordillera, René González Martínez, los pobladores buscaron escrachar al gobernador, pero este se encuentra participando de actividades oficiales en Roma, en un encuentro denominado “Jubileo de Gobernantes”, acompañado de algunos concejales departamentales.
Igualmente, con pancartas y carteles de “Vende patria”, “No al vertedero” y “Denis Lichi, devolvé la plata del pueblo”, exigieron la cancelación definitiva del proyecto, que consideran se creó “entre cuatro paredes, con intenciones y maniobras sospechosas”.
El corresponsal de Última Hora también recordó que el conflicto había iniciado en el año 2024, cuando la empresa El Farol pretendía instalar un depósito de residuos en la zona de humedales. La empresa es representada por José Fernando Vega, Adelaida Cañete Ojeda, Gonzalo Eduardo Enjunto, Ángel Gómez Rivarola y Hans Herman Staseek, este último hijo de Cañete, quienes consiguieron el monopolio de la recolección y disposición final de basura en Asunción y el Departamento Central.
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Los pobladores se autoconvocaron a las movilizaciones en rechazo al plan, alegando que la instalación de un vertedero en esa zona afectaría los recursos hídricos, la biodiversidad local y la producción de caña de azúcar orgánica, una de las principales actividades económicas del distrito.
Los ocho concejales promovieron la derogación de la resolución que habilitaba el vertedero, impulsaron acciones legales, entre ellas una medida de amparo constitucional, explicando el proyecto irregular, sin consultar a las comunidades afectadas y sin contar con los estudios de impacto ambiental correspondientes.
Los manifestantes aseguran seguir con la lucha hasta obtener garantías de que el vertedero no se instalará en su comunidad.
