Los ocho concejales de Arroyos y Esteros que fueron imputados por el fiscal Bernardo Elizaur, por el supuesto hecho de usurpación de funciones públicas, fueron beneficiados este lunes con medidas alternativas a la prisión.
Los imputados son Édgar Bonifacio Ovelar Flor, Darío Leónidas Brizuela Escobar, Felipe Nery Miranda, Héctor Damián Capdevila Santacruz, Juan Carlos Ruiz Bóveda, María del Mar Benegas Zaldívar, Robert González Aguilera y Claudia Carolina Ruiz Brizuela.
Los concejales tienen prohibido salir del país, sin autorización judicial, cuentan con la obligación de comparecer ante el Juzgado del 1 al 10 de cada mes, para firmar el libro de comparecencia, además deben presentar una fianza personal de persona idónea por la suma de G. 10 millones.
Los ediles revocaron una resolución por la cual el intendente de Arroyos y Esteros, José Filippi Vera Martínez (ANR), habilitó un vertedero en el distrito, según los concejales, “entre cuatro paredes con intenciones y maniobras sospechosas”.
El rechazo a la habilitación del vertedero por parte de los concejales y pobladores se debe al temor por el impacto ambiental y los riesgos para la salud de la población, tanto en el presente como en el futuro.
La inminente habilitación de un vertedero en esa ciudad movilizó de nuevo a un sector importante de pobladores y concejales municipales, quienes se oponen al plan del intendente, de instalar un vertedero en la zona de un humedal.
Manifestantes se habían reunido con el intendente
El 22 de marzo del año pasado, un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza al edificio de la Comuna para protestar y conversaron con el jefe comunal, intentando persuadirle de que recule en su proyecto.
Como los ánimos subieron de tono y hubo forcejeos, uniformados antidisturbios de la Policía Nacional tuvieron que intervenir y despejaron la sede municipal por la fuerza.
La represión terminó con varios heridos con balines de goma y por efecto de los gases lacrimógenos. Fueron trasladados en su mayoría al centro de salud local.
Los pobladores rechazan el vertedero, pues está marcado en una zona de humedal sobre la cuenca del arroyo Piribebuy a 700/800 metros, lo que, según ellos, representa un gran riesgo no solo para el medioambiente, sino para la salud de los habitantes.
Supuestamente, el problema se originó porque el proyecto se hizo a espaldas del pueblo sin tener la socialización y sin haber tratado en el seno de la Junta Municipal.
“Estaba todo preparado y programado”, dice concejal
El edil Carlos Ruiz, presidente de la Junta Municipal, aseguró “que todo ya estaba preparado” y que el terreno de 196 hectáreas se había comprado un mes antes y “ya tenían todo programado”, supuestamente, “en el despacho del intendente, con la empresa y políticos que seguramente están detrás por algún interés económico oscuro”.
Dijo que las documentaciones y la ordenanza municipal vigente prohíben la apertura de un vertedero de residuos urbanos en esa zona de humedales.
Los concejales denuncian que el intendente cuenta con la venia política del gobernador de Cordillera, Denis Lichi, quien sería uno de los padrinos del establecimiento del nuevo vertedero en el distrito.
Desde hace tiempo, los pobladores realizan manifestaciones masivas contra el proyecto de relleno sanitario y se encuentran en vigilia constante para evitar que la basura de todo el país se deposite en su ciudad.
Aseguran no tener ningún respaldo ni apoyo del gobernador, Denis Lichi y otras autoridades que nunca dieron la cara, al contrario, se esconden y es evidente el trasfondo político de los interesados.
Los concejales y la población hasta hoy siguen en vigilia en la zona.
Desde Última Hora nos comunicamos con el intendente de Arroyos y Esteros, José Filippi Vera Martínez, para conocer su versión acerca de los hechos; sin embargo, no quiso brindar detalles al respecto.
