El organigrama del Estado paraguayo es consecuente con los objetivos que persigue: el desastre y la corrupción. Lo develado en el Congreso es solo una pequeña parte del organizado despelote en su génesis y los verdaderos propósitos que persigue.
Los salarios no tienen nada que ver con el supuesto trabajo que debieran realizar. En realidad, no han sido diseñados con ese objetivo, sino para justificar un monto que desafía cualquier análisis serio de un manual de funciones de cualquier estructura. Los presilladores están ahí apretando papeles que nadie lee ni pretenden que sean leídos por nadie. Se multiplican en los pequeños espacios que van ganando con el solo propósito de comerse todo el presupuesto de un Estado cuyo diseño tiene un solo propósito: robarnos.
Más de cuatro mil millones de dólares van ahí por el sumidero de la corrupción. El despliegue insolente de privilegios alcanza a todos. Desde el vicepresidente de la República, quien –incapaz de proveerle de empleo y salario a su hija en sus empresas– nos carga a todos con el peso de su incompetencia.
Todo aquel que alcanza el poder se cree con derecho a abusar de la cosa pública, con lo que se justifica plenamente el cálculo por “malgasto público” que el BID y el BM cuantifican en casi dos mil millones de dólares. Una montaña de dinero que duplica la inversión en educación. Los más listos de este gobierno llegaron al poder afirmando que trabajarían por recortar esta sangría. Lo primero que se les ocurrió fue autoaumentarse los salarios.
No podía permitir que el fotocopiador del Congreso ganara igual que ellos. No lo intentaron por arreglar el desaguisado, sino porque no podían permitir que un pliqui ganara igual que ellos. Era pura vanidad. Nada de interés en administrar los fondos de todos con austeridad, eficacia y respeto.
Hoy ser un empleado público es un gran negocio. El acceso a la corrupción es enorme desde el mismo nombramiento que tienen. Ganan más que cualquiera en el sector privado, tienen vacaciones de un mes, apenas ocupan el puesto, fingen trabajar menos horas, tienen seguro médico privado y no IPS, y tienen salarios con bonificaciones que Cartes creyó haber acabado nivelándolos con sus ingresos ordinarios.
Son 350.000 y constituyen la base del poder colorado. Multiplicados por 4 hacen la fuerza electoral imbatible cada 5 años. Lo que estamos viendo en pequeño tiene una profundidad de calado que se justifica incluso en lo cultural. Ellos creen que el Estado es de ellos y que, ganando los comicios, el botín tiene que ser repartido entre los corsarios exitosos.
Lo que vemos debe ser corregido, pero dudo mucho de que este gobierno lo quiera y menos el presidente se anime a ir contra quienes, por derecho propio, le han creído a pie juntillas que están ahí no porque sean guapitos, sino por ser colorados.
Un Estado organizado y reformado constituye la madre de todas las batallas en este país que está a punto de cumplir 35 años ininterrumpidos de democracia con fórmulas autoritarias que aún persisten. El Estado cambió sus apariencias, pero su contenido sigue siendo el mismo. Los que ganan un puesto público repiten los mismos vicios que condenaron y con ello avalan a los que siempre entendieron que la cosa pública es de quien gana el acceso para administrarla.
Un ascensorista en el edificio del Congreso es una metáfora del problema. Ocupa innecesariamente un lugar, priva a dos de utilizar el mecanismo y cobra el doble que el jefe de cirugía de corazón del Hospital de Clínicas. Entre este, los fotocopiadores y los presilladores se desternillan de risa porque saben que el partido que los nombró jamás se animará a cortarse su propia carne. Sencillo. Estamos en un laberinto.
