PARAGUARÍ
Un activista social de la comunidad de Ybycuí presentó ante la Dirección de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) denuncias contra dos supervisoras educativas por hechos de nepotismo y estafa. Se trata de Ezequiel Cáceres López, quien incluso –comenta– se reunió con el titular del MEC, Luis Ramírez, para entregar documentos y exponer las injusticias que, según él, sufren numerosos docentes de la zona.
En su escrito, Cáceres acusa a la supervisora Rosa Arrúa Franco de haber favorecido en los últimos tres años a familiares directos e indirectos con títulos de dudosa procedencia. Ubicó a su hermano e hija, así como a su yerno, la hermana de este y sobrina en cargo de interinatos. Inclusive, con títulos de dudosa procedencia en todos los casos –algunos cuentan con dos diplomas por año–. “Todos en cargos interinos, sin contar con méritos y criterios para los respectivos cargos, amenazando a directores y docentes de diferentes instituciones educativas”, según reza el escrito del denunciante.
En la denuncia también se menciona posible tráfico de influencias por la presumible venta de títulos, tráfico de rubros entre otros puntos. “Aparte de presentar mi denuncia me fui personalmente a reunirme con el ministro de Educación. Le detalle los hechos irregulares con documentos. Es impresionante las quejas que tenemos; hay muchos docentes afectados que no pueden trabajar a causa de no ser afín a ellas (las supervisoras)”, añade Cáceres López. Le pidieron al ministro –dijo– que sean cambiadas dichas personas. “Tenemos odontóloga, enfermeras enseñando en Escolar Básica, Se habla de tráfico, venta de rubros entre otras cuestiones graves”, resume. Según los datos que investigaron para presentar la denuncia el clan de la supervisora Rosa Arrúa Franco le costaría anualmente al Estado la suma de G. 710.776.742.
Arrúa Franco, consultada por Ultima Hora, negó las acusaciones y aseguró que sus actuaciones se enmarcan en la ley y en los concursos públicos organizados por el MEC.
Salpicada en estafa. Cáceres López también acercó al MEC el caso de la supervisora Kathia Analia Ortiz Sánchez, de 45 años, quien fue imputada en enero último por el fiscal Óscar Daniel Fernández como cómplice en un caso de estafa. La víctima, Teresa Garay, residente en Italia, denunció haber enviado G. 50 millones para una supuesta inversión inmobiliaria que nunca se concretó.
Ortiz Sánchez reconoció la existencia de la causa, pero sostuvo que se trata de un asunto “particular” y defendió su desempeño profesional, calificando su legajo como impecable. “No puedo negar que hay una causa de lo cual mis abogados se están ocupando y los procesos se van a encargar de demostrar, yo me declaro inocente. En lo profesional tengo un legajo impecable, cumpliendo con el calendario brindando un servicio excelente. Las causas particulares van a seguir su curso; no tengo ninguna objeción en brindar las informaciones”, descargó.
El denunciante, entretanto, adelantó que de no obtener respuestas por parte del MEC, junto al grupo de docentes afectados analizan la posibilidad de trasladarse hasta Asunción para manifestarse frente a la sede ministerial.
