Esta función fiscalizadora que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil (OSC), identificando, documentando y denunciando la corrupción es una función fundamental de la democracia. Sin embargo, este control ciudadano incómoda a los gobiernos autoritarios, que ven una amenaza a su credibilidad y reputación tanto a nivel nacional como internacional. Y, consecuentemente, buscan desacreditar a las OSC mediante estrategias de desinformación (fake news) y leyes represivas.
Además de esta función de fiscalización, las OSC empoderan a la sociedad civil, fortaleciendo la capacidad de los ciudadanos en influir en el gobierno a través de espacios cívicos de participación. Este empoderamiento, que permite a los ciudadanos expresar sus necesidades y denunciar políticas desacertadas, es percibido por estos gobiernos autoritarios como una amenaza a su control absoluto. Estos regímenes buscan desprestigiar esta función de las organizaciones calificándolas de “hacer política” con una connotación negativa, a pesar de que la participación política es fundamental en cualquier democracia.
Varias OSFL reciben financiamiento internacional para proyectos de desarrollo social en áreas como la educación, salud o empleo. Estos fondos, que complementan las acciones del sector público, sin embargo, incómoda a los gobiernos autoritarios porque además de señalar sus limitadas capacidades y otorgar autonomía a las OSC, restringen su capacidad de controlar todas las fuentes de financiamiento para consolidar su modelo prebendario-clientelar.
En la actualidad, una propuesta de ley impulsada por sectores políticos autoritarios pretende establecer un régimen de control sobre cualquier persona o entidad que reciba o administre fondos públicos o privados, nacionales o internacionales. Esta ley, con definiciones vagas y amplias, abre la puerta a su uso arbitrario para perseguir y castigar a sectores no alineados con los intereses gubernamentales.
Esta situación recuerda a la dictadura stronista, donde no solo se perseguía a las organizaciones, sino a cualquier tipo de asociación que no se sometía al régimen. Inclusive se creaban asociaciones paralelas (Médicos, Ingenieros, Economistas Colorados, Funcionarios, Sindicados y hasta Centro de Estudiantes Colorados) para sustituir a los verdaderos representantes de estos distintos sectores, fragmentando el tejido social y lesionando la democracia.
Para evitar repetir estas épocas oscuras de nuestra historia, es crucial fortalecer la democracia mediante la colaboración de todos los sectores, sin exclusiones. Y esto requiere un gobierno que promueva espacios de participación y construcción de ciudadanía, esencial para un desarrollo sostenible y una sociedad justa.
