Según el informe oficial, 29 hombres y 23 mujeres fueron demorados inicialmente por la Policía Nacional. De los aprehendidos, 27 varones fueron trasladados hasta la Comisaría 8ª de San Estanislao, mientras que uno de ellos, identificado como Carlos Antonio Pesoa Vera, quedó internado en el Hospital General debido a una herida sufrida durante los disturbios.
Otro de los detenidos permanece en la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray.
Entre los aprehendidos figuran personas con antecedentes penales, prohibiciones judiciales y órdenes de captura, como Emelio Acosta Argüello, con antecedentes por violencia familiar, tentativa de robo agravado y homicidio.
Asimismo, figuran Denis Joel Casco Felte, con antecedentes por coacción y violencia familiar; Derlis Sanguina, con prohibición de salida del país; Luis Careaga Medina, con prohibición de portar armas; y Alfonso Acosta, quien registra orden de búsqueda y localización.
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También fue detenido Alfredo Peralta Arévalos, quien figura con antecedente por abuso sexual en niños.
Durante el procedimiento, varios manifestantes resultaron con lesiones, entre ellos Julio Cristóbal Adinolfi Almada, con herida en la nariz, y Carlos Peralta Pérez, con una lesión en el cuello del lado derecho.
En el caso de las mujeres aprehendidas, 23 en total, todas fueron liberadas posteriormente por disposición fiscal. Entre ellas, se encuentran mujeres adultas mayores de entre 50 y 60 años, así como jóvenes de entre 20 y 30 años, provenientes en su mayoría de comunidades rurales de la zona.
Las autoridades informaron que la identificación y verificación de antecedentes continúa, mientras se recopilan evidencias sobre los hechos ocurridos en Lucipar, cuyo violento ingreso provocó un clima de extrema tensión en todo el distrito.
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Para esta mañana están prevista la presencia de los 29 detenidos ante el Ministerio Público.
La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades, mientras sectores sociales y pobladores piden que se eviten nuevos enfrentamientos en la zona.
Los campesinos fueron convocados por la Coordinadora de Sin Tierras del Norte a mediados de noviembre pasado, para realizar la ocupación de la estancia Lucipar, propiedad del presunto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, actualmente administrada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) para la Reforma Agraria, según los labriegos.
