Un conflicto por la posesión de tierras mantiene en pie de lucha a pobladores de las comunidades 1° de Mayo y 24 de Mayo, del distrito de San Vicente Pancholo, quienes acusan a un juez de favorecer a un hombre que busca apropiarse de un inmueble habitado por décadas por otro poblador.
El afectado es Édgar Daniel Aveiro, quien nació y creció en una finca de más de cuatro hectáreas que pertenecía a sus padres.
Tras el fallecimiento de sus progenitores, él se quedó en la vivienda con el consentimiento de sus ocho hermanos.
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Sin embargo, un medio hermano de madre, identificado como Reinaldo Melgarejo, inició una denuncia en el Juzgado de Paz de General Resquín para reclamar la posesión del lote agrícola, que aún pertenece al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Según el afectado, el juez interino Arturo Benítez primero dictó una medida de no innovar, luego una orden de alejamiento de la propiedad y, finalmente, una resolución de desalojo en contra de Aveiro y su familia, lo que generó indignación en la comunidad.
“Hace un año que no puedo trabajar porque el juez sacó una resolución de no innovar y hasta una orden de desalojo. Ni mandioca puedo cultivar. Tengo dos hijos que alimentar y vivimos de la caridad de los vecinos. Todos mis hermanos me apoyan, pero mi medio hermano es el único que quiere adueñarse del lote”, expresó.
Por su parte, Rafael Martínez, referente de la comunidad, sostuvo que la medida judicial carece de sustento y genera zozobra en la zona.
“Nuestra posición es clara y decidida: No vamos a permitir que se cometa una injusticia. No entendemos cómo un juez puede dejar en la calle a una familia humilde para beneficiar a alguien que ya posee 25 hectáreas y ni siquiera vive en la comunidad”, reclamó.
Los pobladores recordaron que el Indert confirmó mediante documentos que el inmueble corresponde a Aveiro, por lo que, según ellos, invalida las resoluciones dictadas por el magistrado.
El caso ya fue apelado y ahora está en manos del juez de Primera Instancia en lo Civil, Nelson Mercado, de quien esperan una corrección al fallo anterior.
Mientras tanto, la tensión crece en San Vicente Pancholo, donde los vecinos afirman que llegarán “hasta las últimas consecuencias” para evitar lo que consideran un “despojo a favor del más pudiente”.
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El juez señaló que cuando intervino en la causa ya existía una orden de alejamiento contra Aveiro por supuesta violencia contra una sobrina de Reinaldo Melgarejo, quien también vivía en el lugar.
“Buscamos siempre un acuerdo entre las partes para una solución pacífica, pero no pudimos llegar a causa de los defensores”, indicó.
Se intentó obtener la versión de Reinaldo Melgarejo, pero evitó brindar declaraciones a la prensa.
