El directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) expresó su posicionamiento oficial a las notas con tono de amedrentamientos enviadas por el Ministerio Público al diario Última Hora y ABC Color, en el marco de una investigación contra personas innominadas sobre denuncia falsa y otros que presentó el ex presidente de la República, Horacio Cartes.
En el documento, con fecha del 18 de agosto pasado, la Fiscalía solicitó una copia íntegra certificada de la publicación periodística de fecha 13 de mayo del 2022, cuyo encabezado expresa: “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boifanich”.
El ex senador Miguel Abdón Saguier sostuvo que se trata de una actitud reprochable desde todo punto de vista la intimación realizada por los fiscales a los periódicos para que en un plazo perentorio de 48 horas informen quién era su fuente o proporcionó ciertos datos referidos a cuestiones públicas y políticas.
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“Evidentemente que un partido como el nuestro no puede mantenerse en silencio en estos tiempos, una actitud tan pretendidamente represiva. No creo que la ciudadanía a esta altura de los tiempos pueda tolerar una violación tan grosera de nuestra Constitución Nacional”, remarcó.
En ese sentido, sostuvo que la Constitución Nacional, como en todos de los países democráticos, consagra como un derecho humano fundamental la libertad de pensamiento, que si no es extrovertida no tiene ningún efecto fáctico en la realidad. “Por eso es que a lado de la libertad de pensamiento está la libertad de expresión y más particularmente la libertad de prensa”, resaltó.
A su vez, reiteró que la carta magna consagra en su artículo 26 la libertad de expresión y de prensa, en tanto que en el 27 habla de los medios masivos y los declara como una cuestión de orden pública, además del artículo 28 establece el derecho a informarse que tienen todos los ciudadanos, sin el olvidar el 29 que hace referencia el ejercicio del periodismo.
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“Nosotros los liberales, por razones doctrinarias, defendemos las libertades en su sentido más amplio y en todos estos aspectos”, aseguró.
También recordó que el PLRA, a través de sus convencionales, como los otros sectores políticos, previo en la Constitución Nacional de 1992 garantizar este derecho. “Es un derecho que tiene una función trascendente en la vida de las sociedades que quieren vivir en libertad”, remarcó.
Rememoró que destacados periodistas también formaron parte de la fundación del PLRA en 1887, como José de la Cruz Ayala, conocido como Alon, quien fue perseguido por denuncias que hacía a través de la prensa.
“Alon era un periodista valiente, combatió la famosa venta de tierras públicas que se inició bajo la presidencia de Bernardino Caballero y continuó con Patricio Escobar”, recordó.
También señaló que la agrupación juvenil del PLRA por mucho tiempo tuvo la denominación de Alon y que se constituyó en 1945, cuando todo el directorio liberal fue expulsado del país por el dictador Higinio Morínigo.
“Por unanimidad del directorio, repudiamos ese propósito de violentar la Constitución Nacional y que persigue el fin de que la sociedad paraguaya llegue a lo que se llama la autocensura”, reprochó.
Finalmente, expresó su solidaridad con los medios de prensa, en particular Última Hora y ABC Color, calificando de valiente la reacción y solidaridad de los periodistas con los que escribieron las notas.
Senador Dionisio Amarilla no apoya a periodistas
Aunque el senador Dionisio Amarilla se abstuvo de dar su voto de apoyo a los trabajadores de prensa y exigió a los periodistas objetividad, ya que no tiene buenas referencias de ambos medios de comunicación.
Precisamente, Amarilla había sido destituido de la Cámara de Senadores en el periodo anterior por una denuncia de uso indebido de influencia para favorecer a una firma de seguridad con un contrato con el IPS.
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El legislador habría intentado detener una investigación periodística sobre el contrato, mediando en el conflicto, lo que salió a la luz y le costó el cargo.
El legislador fue denunciado también por corrupción pública durante su gestión como administrador en la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Supuestamente, amasó una gran fortuna y sus bienes no coincidían con sus ingresos y los de su esposa.
Además, en el 2018 la Coordinadora de Abogados del Paraguay presentó una denuncia en su contra por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
El parlamentario también fue vinculado con la empresa constructora BGF SA, que había firmado contratos por G. 122.000 millones con la Gobernación de Ñeembucú, cuyo titular era Carlos Silva, su correligionario y cercano a él.
La esposa del senador, Analy Valiente, fue la directora de Declaraciones Juradas de la Contraloría.
Amarilla nunca trabajó en el sector privado y fue administrador por más de 20 años de la UNA y de allí pasó al plano político. Fue diputado por el Departamento Central por el periodo 2013-2018 y senador por el periodo 2018-2023, pero destituido un año después de asumir. Ahora, nuevamente ocupa una banca en el Senado.
