Los informes se enviaron respecto a los jueces Martín Diego Acosta Conde, Édgar Rivas Laguardia, Heinrich Fabián Von Lucken, Alejandra Magalí Zavala, Liz Carina Caballero Montiel y Juan Andrés Martínez Zárate.
También se envió el reporte respecto a los ujieres sumariados Edith Retamozo Riveros, Jaime Galarza Armoa y Ángela Báez Otazú.
Las auditorías se enfocaron en los juicios ejecutivos promovidos contra enfermeras y trabajadoras del Hospital de Clínicas, “en los que aparecen de manera reiterada la extinta Amuclin, la abogada Lourdes Aranda, el abogado Fabio Molinas Saldívar, tanto en su función de oficial de Justicia como en su calidad de demandante; y Julia Mabel Acosta Rojas”, dice la denuncia.
¿Qué resultado arrojó? Irregularidades que motivaron la apertura de investigaciones dentro del propio sistema de Justicia.
Para la Comisión, este resultado es un elemento grave y en la denuncia solicitaron que estos antecedentes sean considerados por el Ministerio Público y que se determine, en cada caso, si las irregularidades detectadas en sede administrativa o disciplinaria pudieran guardar relación con hechos de relevancia penal.
Un esquema. Ayer la Comisión, junto a las enfermeras, presentó la denuncia en la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía, sobre un posible esquema organizado para reutilizar pagarés cancelados, vender deudas y exigir a deudos fantasmas.
Se habla de una red formada entre funcionarios de la extinta Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin) y terceras personas que compraron los derechos de la Aso para demandar sobre deudas falsas. Con esto, una deuda ya pagada servía de base para sucesivos embargos.
Los responsables serían Clara María Benítez de Caballero, ex presidenta de Amuclin, quien recibía pagarés cancelados y que luego los habría vendido para demandar; la abogada Lourdes Aranda (ya acusada en otra causa), quien iniciaba los juicios.
También, la pareja integrada por Julia Acosta y Fabio Molinas (oficial de justicia), ambos adquirieron derechos de la Aso y demandaron a más de cuarenta víctimas.
El último en la lista es el abogado Carlos Enrique Lara.
Están denunciados por estafa, asociación criminal, producción de documentos falsos y enriquecimiento ilícito.
- La red estaba formada por funcionarios de la extinta Amuclin y personas que compraron los derechos de la Aso para demandar.
Ya pagó casi G. 100 millones
Una de las ex funcionarias jubiladas afectadas es doña Margarita, quien denunció un esquema de presuntas irregularidades y embargos ejecutivos.
Ella ya pagó más de G. 100 millones por deudas que asegura haber pagado en su totalidad, por préstamos de G. 2 millones a G. 3 millones.
En el 2015, se desencadenó una seguidilla de embargos judiciales sobre su salario por montos. El monto más alto que le debitaron fue de G. 26 millones antes de jubilarse. Una vez que salió de sus funciones, nuevamente le llegó otro embargo, lamentó la mujer.
