La abogada Diana Vargas, directora de la Comisión de la Mafia de Pagarés, llegó a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía acompañada por varios enfermeros que dicen ser afectados. Se denunció un posible esquema organizado para: reutilizar pagarés cancelados, vender deudas y exigir adeudos fantasmas.
Se habla de un esquema formado entre funcionarios de la extinta Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin) y terceras personas que compraron los derechos de la Aso para demandar sobre deudas falsas. Con esto, una deuda ya pagada servía de base para sucesivos embargos y acciones judiciales contra la misma persona.
“Estas señoras fueron demandadas y hasta hoy tienen sus salarios embargados. Ellas fueron víctimas masivamente por hechos que, por un lado, involucran descuentos automáticos de sus salarios por operaciones que fueron multiplicados”, comentó Diana Vargas.
Desde la Comisión de la mafia de pagarés hicieron un relevamiento de cómo funcionó el esquema. Primero, se les descontaba normal todo lo que las enfermeras habían comprado desde Amuclin, y una vez terminados, la misma abogada de la Aso, Lourdes Aranda, era la que patrocinaba las demandas para ejecutar nuevamente los pagarés ya cancelados.
¿Quiénes serían los responsables?
Los denunciados son Clara María Benítez de Caballero, la ex presidenta de Amuclin, quien recibía pagarés cancelados y que luego los habría vendido para demandar; la abogada Lourdes Rocío Aranda (ya acusada en otra causa), quien iniciaba los juicios. Esta última ayer increpó a una funcionaria de prensa del Poder Judicial antes de suspenderse su audiencia preliminar.
También se denunció a la pareja integrada por Julia Mabel Acosta Benítez (docente del Ministerio de Educación) y Fabio Ubaldo Molinas Saldívar (oficial de Justicia en los juicios), quienes adquirieron los derechos de la Aso y demandaron a más de cuarenta víctimas.
El último en la lista es el abogado Carlos Enrique Lara.
Todos están denunciados por los hechos de estafa, asociación criminal, producción de documentos falsos, enriquecimiento ilícito.
Posible enriquecimiento ilícito
La denuncia también va aparte en contra de la docente Julia Mabel Acosta Rojas, quien tuvo un llamativo crecimiento económico.
En el 2017, tuvo un patrimonio de G. 196.850.000, en el 2024, volvió a reportar el mismo monto, mientras que en el 2025, extrañamente, en su declaración jurada reportó G. 462.500.000, apareciendo activos declarados como créditos a cobrar y dinero en efectivo y en el 2026, un total de G. 444.000.000.
La denuncia estima que aproximadamente Gs. 168 millones fueron recibidos por ella en estos juicios ejecutivos.
Jueces y ujieres en la mira
La Comisión de la Mafia de Pagarés adjuntó con la denuncia un informe de la Corte Suprema de Justicia (recibido el 8 de setiembre) sobre el resultado de las auditorías a seis jueces Civiles sumariados. Se encontraron expedientes con una serie de irregularidades sobre expedientes vinculados al caso.
Se trata de los magistrados Martín Diego Acosta Conde, Édgar Rivas Laguardia, Heinrich Fabián Von Lucken, Alejandra Magalí Zavala, Liz Carina Caballero Montiel y Juan Andrés Martínez Zárate.
También se envió el reporte respecto a los ujieres sumariados Edith Retamozo Riveros, Jaime Galarza Armoa y Ángela Báez Otazú.
Las auditorías se enfocaron en los juicios ejecutivos promovidos contra enfermeras y trabajadoras del Hospital de Clínicas, “en los que aparecen de manera reiterada la extinta Amuclin, la abogada Lourdes Aranda, el abogado Fabio Molinas Saldívar, tanto en su función de oficial de justicia como en su en calidad de demandante, y Julia Mabel Acosta Rojas”, dice la denuncia.
¿Qué resultado arrojó? Controversias entre particulares e irregularidades que motivaron la apertura de investigaciones dentro del propio sistema de justicia.
Para la Comisión, este resultado constituye un elemento de particular gravedad y en la denuncia solicitaron que estos antecedentes sean considerados por el Ministerio Público y que se determine, en cada caso, si las irregularidades detectadas en sede administrativa o disciplinaria pudieran guardar relación con hechos de relevancia penal.
