El pasado jueves el titular de tapa de este diario era Día de la impunidad. Reflejaba el desaliento ciudadano ante una sucesión de acontecimientos bochornosos ocurridos con diferencia de pocas horas. La totalidad de los diputados colorados habían rechazado la intervención de la Gobernación de Central, pese a las denuncias del robo escandaloso. También enviaron al freezer un proyecto de declaración que solicitaba al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y a la Fiscalía investigar a los responsables del mecanismo mafioso de los González Daher.
Un Tribunal extinguió el caso del diputado Tomás Rivas, a pesar de que sus “caseros de oro” ya fueron condenados. Un silencioso acuerdo de resarcimiento del daño entre Rivas y el presidente de Diputados, Pedro Alliana, permitió a dos de los jueces firmar una sentencia vergonzosa.
Ningún vocero del Ejecutivo consideró pertinente ensayar alguna explicación sobre una situación absurda. La intervención de una Gobernación, señalada como corrupta por la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Subsecretaría de Estado de Tributación, la Contraloría General de la República y la Auditoría General, todos órganos del Poder Ejecutivo, fue rechazada por toda la bancada de Añetete que, se supone, responde a Mario Abdo.
Hemos tenido muchos Días de la impunidad en el pasado reciente. El del jueves pasado dolió más porque muchos habíamos soñado que, con la condena al usurero Ramón González Daher y a su hijo, algo empezaba a cambiar en Paraguay. Pero no, era solo una ilusión óptica. Seguimos siendo el mismo baldío pobre y sucio en el que las instituciones se doblan ante el poder de las mafias. Una sentencia condenatoria a un hampón no es más que eso: una extrasístole, una anomalía inesperada en un sistema que no suele tener fallas.
La impunidad paraguaya es histórica. Es la compañera de nuestras vidas desde, por lo menos, la mitad del siglo pasado. Eso hace que sea un legado fundamentalmente colorado. Ya los escucho esgrimiendo esa excusa insuficiente: “No es exclusividad de la ANR, hay corrupción en todos los partidos”.
Los colorados fueron quienes perfeccionaron la falta de castigo. Lo hicieron durante la dictadura y la transición democrática. El gran error del principal partido de oposición, el PLRA, fue el de sucumbir ante la tentación de copiarlos, antes que confrontarlos con un proyecto institucionalista honesto. En vez de adoptar ejemplos éticos extraídos de su propia historia, los liberales optaron por plagiar incompetentemente el estilo colorado de robar. Y de proteger a los chanchos de su chiquero. Detrás de ellos, oportunistas de partidos menores, descubriendo que la política podía ser un modo rentable de vivir, hicieron lo mismo.
Allí nos jodimos todos. Si la política no tiene valores y todos son iguales, la corrupción tiene sus límites difuminados, borrosos. Mantenga este status sin mayores cambios por muchos años y obtendrá lo que ocurrió en Paraguay. Una corrupción sistémica que necesita una protección que solo la puede dar el Estado. Hay estudiosos como Esteban Caballero Carrizosa y Milda Rivarola que sostienen que el viejo pacto de no cuestionar la corrupción del Estado siempre que este no interfiera los negocios de la oligarquía empresarial es el único proyecto serio del Paraguay.
Aunque usted no me crea, el problema principal no está allí. Las instituciones, los parlamentarios, los jueces no son sordos. Escuchan los gritos de la calle, miden su temperatura y actúan en consecuencia. Pero si a la gente común no le importa la corrupción, igual vota a candidatos patibularios y no premia a los decentes, no hay mucho que hacer. La impunidad es una cuestión cultural. Esto solo puede cambiarse desde la gente. Menudo trabajo el que tenemos enfrente, pero no hay otro camino. La honestidad debe mejorar su cotización en el mercado electoral paraguayo.
