El juez Humberto Otazú, del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del Primer Turno, admitió la imputación contra el precandidato presidencial Arnoldo Wiens, pero solo por el delito de lesión de confianza. Wiens también había sido imputado por daño a obras construidas.
La audiencia de imposición de medidas será el próximo 12 de marzo, a las 08:45.
Los fiscales Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti presentaron ante el mencionado Juzgado un escrito de contestación de traslado, mediante el cual ratificaron el acta de imputación 1, de fecha 13 de febrero de 2026, por lesión de confianza y otro.
La imputación contra Wiens es principalmente por la paralización de las obras del Metrobús en el 2018, además de la destrucción de las edificaciones que ya se habían realizado, según los fiscales.
Los agentes señalan que supuestamente ocasionó al Estado paraguayo un perjuicio de G. 14.955 millones en el caso del fallido proyecto del Metrobús.
Lea más: Caso Metrobús: Fiscalía ratifica imputación contra precandidato presidencial Arnoldo Wiens
Sin embargo, el juez de Crimen Organizado Osmar Legal, quien interinó a su colega Humberto Otazú, había dado trámite de oposición al pedido de la Fiscalía, por considerar que respecto al daño a obras construidas, no estaba bien señalada la relación de los hechos y el presunto delito.
Los fiscales señalaron en la imputación que Wiens, al asumir en agosto de 2018 como titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y asegurar la continuidad de las obras adjudicadas.
Wiens, que es precandidato por la disidencia colorada, calificó la imputación como una persecución política por parte del movimiento oficialista Honor Colorado.
“Esto significa dictadura y que nos tienen miedo. Desde acá les decimos que no les tenemos miedo y que les vamos a ganar”, expresó.
El político colorado presentó una recusación contra los fiscales que lo imputaron a través de sus abogados Enrique Kronawetter y Federico Huttemann, quienes sostienen que el equipo fiscal vulneró plazos procesales y garantías constitucionales al intentar reactivar una investigación cuyos términos legales ya habían vencido.
