El senador colorado Erico Galeano fue condenado este miércoles por lavado de dinero y asociación criminal en la causa que surgió de las operaciones en A Ultranza Py.
Si bien la Fiscalía solicitó 17 años de cárcel para el legislador, el Tribunal de Sentencia dictó una pena de 13 años de cárcel. El juicio por este caso duró seis meses.
“Erico Galeano apoyó operativamente a la organización de carácter transnacional dedicada al tráfico internacional de cargas entre el 2020 y 2021", dijo el presidente del tribunal durante la lectura de la sentencia.
Para los jueces, quedó, asimismo, comprobado que el senador colorado recibió dinero proveniente de actividades ilícitas, las cuales utilizó para beneficiarse económicamente y comercialmente para el Club Deportivo Capiatá, donde el legislador fue presidente.
En la sentencia se puso énfasis en la venta de una lujosa residencia ubicada en Altos a través de un contrato privado para no despertar alertas de los organismos de control.
Los jueces mencionaron que el dinero de esa transacción fue efectivo en plena emergencia sanitaria por el Covid-19, mientras que el traslado a nombre de su comprador se concretó un año después de la venta, el 9 de noviembre de 2021.
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Los jueces Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos entendieron que Galeano prefirió usar mecanismos de ocultamientos.
La investigación del Ministerio Público apunta a una transgresión a las leyes penales por recibir USD 1 millón en efectivo por el lujoso inmueble de Aqua Villaje y auspicios para el Deportivo Capiatá.
La suma de dinero que recibió fue producto de la comercialización de tráfico de drogas a Europa de un grupo criminal liderado por el presunto narco uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la Justicia, y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, recluido en el penal de máxima seguridad de Minga Guazú.
La defensa pidió la absolución del senador al sostener que no se probaron los cargos. Los abogados no negaron la compra de un terreno en Aqua Village por USD 210.599 en 2013, ni su posterior venta por USD 1.000.000 a Hugo González Ramos, quien, según la Fiscalía, era dueño de la estancia San Agustín.
Sin embargo, sí cuestionaron los registros de vuelos en el avión del senador presentados por el Ministerio Público. Según la acusación, el 6, 24 y 25 de noviembre, así como el 30 de diciembre de 2020, habrían viajado en dicha aeronave Sebastián Marset y Tío Rico, entre otros.
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Los abogados contrastaron estos datos con los informes del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, señalando que los registros no coinciden con los vuelos citados. Por su parte, el senador Erico Galeano se declaró “totalmente inocente” en una causa que calificó como “persecución política”. Antes de la deliberación de los jueces, solicitó “justicia si es que realmente hay en el país”.
La lectura completa de la sentencia se realizará el miércoles 11 de marzo a las 13:00.
Barreto, presidente del Tribunal, siguió mencionando que en el club auriazul y su posterior declaración como cuentas a cobrar, revela una operación destinada a otorgar apariencia de legitimidad a recursos que efectivamente proceden de un origen ilícito.
“En esas condiciones y en base a los puestos, entendemos que la conducta del acusado puede ser encuadrada dentro de lo que disponen los artículos 44, tercera alternativa de la Ley de Drogas 1340/88 y el artículo 196, inciso 2 numeral 1, primera alternativa del Código Penal en calidad de autor”, se explayó.
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El otro punto cuestionado en el juicio es la provisión de la aeronave, ya que hablan sobre la existencia de una organización estructurada para la remesa de cocaína, tenemos una aeronave con matrícula ZPVHQ registrada a nombre de Alpina SA, propiedad del señor Erico Galeano.
En ese aspecto, manifestó que tienen corroborado el traslado de Sebastián Marset y otros integrantes y también el uso inmediato tras la incautación de la flota de aeronaves que el grupo utilizaba anteriormente.
También, verificaron que la aeronave, con matrícula ZPBHQ, no estaba habilitado para el taxi aéreo. “En cuanto a este tipo penal, este sanciona a quien proporciona apoyo logístico o material a una organización criminal”, sentenció.
