Peritos del Ministerio Público culminaron este lunes el peritaje documental y arquitectónico en la Gobernación Central, tras lo cual confirmaron las irregularidades en la utilización de los más de G. 6.000 millones (USD 1 millón) que fueron destinados a la institución para la emergencia del Covid-19, durante la administración de Hugo Javier González.
La pericia fue hecha por representantes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía y sus resultados ya fueron agregados a la carpeta fiscal de la causa que afronta el ex gobernador centralino.
Desde la Fiscalía, señalaron a Última Hora que el informe podría confirmar la hipótesis inicial del Ministerio Público, con relación a la producción de documentos y el perjuicio ocasionado al Estado, pero que para llegar a una conclusión, aún faltaría el análisis de los fiscales del del caso, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Luis Said.
Numerosas irregularidades en la Gobernación ya habían sido detectadas en marzo pasado por la Contraloría General de la República (CGR), las cuales fueron señaladas en su informe de fiscalización a la entidad.
En las observaciones de la Contraloría se mencionaba que en la construcción de asfalto de acceso al Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario del Departamento Central, ramal Capiatá-Areguá, ya se encontraba ejecutada en octubre de 2020.
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Además, otra irregularidad detectada fue la construcción de empedrados de la calle Padre Pío de la Compañía Itapuamí de Luque, en la que el acta de recepción final de la obra se firmó el 10 de mayo de 2021, pero al 29 de mayo de ese mismo año el informe refiere que se constató que los trabajos no estaban concluidos.
También se observó que en ciertos llamados y ejecución de obras no se contaba con un proyecto ejecutivo bien elaborado, en las que el informe señala que se desembolsaron más de G. 517 millones en proyectos incompletos, como reparaciones en varias instituciones y espacios públicos en distintas ciudades del Departamento Central.
Hugo Javier fue imputado junto a otras 14 personas por los presuntos delitos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por las supuestas obras fantasmas de la Gobernación de Central. Actualmente, el ex gobernador cumple la medida de arresto domiciliario.
