Desde la crisis financiera global del 2008 a la que se sumó la pandemia en el 2020, algunos paradigmas vienen cambiando. En los años previos, los países desarrollados eran referentes de gestión responsable de la política fiscal y de la deuda pública. Si bien en ciertas coyunturas podían operar con déficits fiscales importantes, posteriormente se observaban periodos de consolidación fiscal para estabilizar el nivel de endeudamiento.
En Estados Unidos, por ejemplo, el tope nominal de la deuda federal obliga a que la misma sea discutida periódicamente porque su modificación debe ser autorizada por el Congreso y requiere que el Poder Ejecutivo presente planes de consolidación, lo cual genera rigurosidad e impone disciplina. En la Unión Europea, el Tratado de Maastricht incorpora topes al déficit fiscal y la deuda pública respecto al PIB, en 3% y 60% respectivamente, para los países miembros. El incumplimiento requiere planes de consolidación fiscal que deben ser aprobados por el Consejo de la Unión Europea. Con estas políticas, en el año 2007, previo a la crisis financiera global, los niveles de deuda/PIB estaban en 60% en EEUU y en 65% en la zona Euro. Japón no tiene definida una política y su nivel de deuda ya estaba en 175% del PIB ese año. La crisis financiera del 2008 y la pandemia del covid-19 fueron shocks enormes para las finanzas públicas de estos países porque requirieron programas de salvataje masivos al sistema financiero, a las empresas y a las personas. En consecuencia, para el año 2025, en EEUU la deuda pública saltó al 124% del PIB; en la zona del euro al 87% del PIB y en Japón a alrededor del 206% del PIB. Paralelamente, entre 2008 y 2021, tanto la Reserva Federal de EEUU (FED) como el Banco Central Europeo (BCE) implementaron políticas de “relajamiento monetario cuantitativo” que redujo las tasas de corto plazo a niveles cercanos al 0%, al tiempo de aplanar la curva de tasas a largo plazo. Por ello, el costo fiscal de esta enorme deuda adicional no fue muy sustancial durante ese periodo. El Banco del Japón, por su lado, ya venía implementando esta política monetaria desde el año 1995. Sin embargo, desde el año 2022, la FED y el BCE vienen normalizando sus tasas de interés tanto de corto como de largo plazos para mantener la inflación controlada. Más recientemente se sumó también el Banco del Japón. Como resultado, actualmente las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU, Alemania y Japón son entre 2 y 3 puntos porcentuales superiores a las observadas en el periodo 2011–2021, lo cual empieza a impactar en las finanzas públicas, al incrementarse el costo promedio de la deuda. En teoría, estos países desarrollados fiscalmente responsables, una vez superados los efectos de los shocks mencionados deberían estar inmersos en planes de consolidación fiscal para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y mantener la confianza en sus títulos, como ha sido su comportamiento histórico. Sin embargo, lo que estamos observando es todo lo contrario. El Gobierno de EEUU implementó un programa de reducción de impuestos y está inmerso en conflictos bélicos que implican aumentos en el gasto público. Los países de la Unión Europea y Japón están encarando importantes incrementos en los gastos de defensa y en políticas de desarrollo tecnológico e industrial, tratando de recuperar terreno perdido frente a Estados Unidos y China en estos ámbitos. Así, las proyecciones del FMI para el periodo 2027-2031 indican un déficit fiscal promedio del 7,5% del PIB para EEUU; del 3,1% para la zona euro (incluido un déficit de 4% del PIB para Alemania); y del 3,3% para el Japón. El panorama es más complejo en EEUU, cuya deuda pública aumentaría casi 20 puntos porcentuales hasta el 142% del PIB para el año 2031. En la zona euro, se estabilizaría en torno al 90% del PIB, pero aún sin planes de retornar a los límites del Tratado de Maastricht; y, en el caso de Japón, proyecta una leve reducción al 192% del PIB. Una crisis de deuda de los países desarrollados sería catastrófica para la economía mundial. Esperemos que hagan gala de su reputación y cambien el rumbo lo antes posible. El FMI debería exigir los ajustes fiscales necesarios, de la misma forma en que durante décadas nos ha exigido a los países en desarrollo.
