Las organizaciones de la sociedad civil de Paraguay emitieron un comunicado ante los hechos de presunta corrupción pública e injerencia política en el sistema judicial que se revelaron en los chats del diputado Eulalio Lalo Gomes.
“Expresamos nuestra profunda preocupación ante las recientes revelaciones que evidencian cómo la justicia sigue siendo utilizada como un instrumento de negociación política, y no como un pilar de garantía para la ciudadanía. Esto pone en riesgo la seguridad física y jurídica de todos los paraguayos”, reza en el comunicado.
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El intercambio de mensajes implicó a la jueza Sadi López, las fiscalas Stella Mary Cano y Katia Uemra y al diputado Orlando Arévalo (ANR-HC).
La magistrada renunció a su cargo para acogerse a la jubilación, mientras que Arévalo se apartó del órgano extrapoder y pidió su desafuero a la Cámara de Diputados.
Para las organizaciones civiles, los mensajes mostraron cómo dentro del JEM funciona un sistema que va en “contra del modelo de gobernanza, ético y democrático que anhelamos los paraguayos”.
El supuesto esquema de corrupción pública, lavado de dinero, coima, favores y blanqueo proyecta una imagen negativa del país y pone en peligro el grado de inversión, según señalaron.
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Las organizaciones sociales también se hacen eco de la falta de confianza de la ciudadanía en la justicia y representación política.
“Los hechos recientemente revelados demuestran que la independencia del sistema judicial está gravemente comprometida, afectando no solo la confianza en las instituciones, sino también la posibilidad de que se haga justicia en los casos que más impactan a la sociedad”, afirmaron.
Las organizaciones civiles hacen un llamado a las autoridades para que se comprometan en el esclarecimiento de los hechos que expuso el juez Osmar Legal en la denuncia que presentó en el Ministerio Público.
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Piden auditorías independientes que garanticen procesos judiciales sin presiones políticas y mayor acceso ciudadano a la información sobre las decisiones judiciales.
“El país no puede seguir bajo la sombra de la impunidad. Las instituciones deben servir a la ciudadanía y no a intereses particulares. Exhortamos a la sociedad a exigir con firmeza cambios reales y estructurales en el sistema judicial”, clamaron.
