05 oct 2026

Mafia de los pagarés: Amplían argumentos para juicio político a ministros de la Corte

Por obstrucción a la Justicia ampliaron el pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema. Las víctimas piden que un Tribunal Especializado juzgue los casos, pero, hasta ahora, solo recibieron el “silencio cómplice” de los miembros de esta Máxima Instancia, mientras 17.000 víctimas siguen sufriendo descuentos.

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Mesa de entrada. Víctimas presentaron el primer escrito la semana pasada.

Foto: Rodrigo Villamayor

La Coordinadora de las Víctimas de la Mafia de los Pagarés amplió hoy ante el Congreso los contenidos del pedido de juicio político a ministros de la Corte Suprema de Justicia. Además del prevaricato, incluyeron ahora la obstrucción a la Justicia, “como cargo adicional”.

En una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, las víctimas expusieron nuevos argumentos para el juicio político.

Puntos cuestionados:

“La Corte ha emitido una aclaración en abril del 2025, en la cual establecen que la suspensión genérica o temporal de los embargos ejecutivos es imposible, y eso la interpretamos como una obstrucción a la justicia, ya que impide la posibilidad de abordar el problema de manera colectiva y efectiva”, explicaron.

Cuestionaron nuevamente que los ministros de la Corte tenían conocimiento de los juicios irregulares y de la necesidad de crear un Tribunal Especializado para juzgar la mafia de los pagarés, y que hicieron caso omiso.

Afirmaron que “no hay voluntad” de solucionar esta mafia “que afecta gravemente al país.

Por último, hablaron del “silencio cómplice” del presidente de la Corte César Diesel, así como de los demás ministros.

Más reuniones con diputados

Las víctimas se reunieron hoy con el diputado colorado Hugo Meza, quien se comprometió a patrocinar el pedido de creación de juzgados especializados.

Pedro Coronel, vocero de la coordinadora de víctimas, en cuanto a la necesidad de tener un Tribunal Especializado, precisó que es porque “los juicios ejecutivos y embargos ejecutivos fueron en masa”.

Lo que se busca con esto es “precautelar los derechos humanos y que se defiendan los principios democráticos”.

Pedro Coronel recordó que ya son 17.000 víctimas que siguen sufriendo descuentos, que mensualmente alcanza un monto total de G. 51.000 millones.

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