La propuesta elimina la resolución N° 1336 que crea la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), conocida como “comisión garrote” por perseguir a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que son críticas al Gobierno.
“Porque no tiene un marco normativo claro, lo que permite el abuso de poder que estamos viendo hoy y una extralimitación que le han otorgado ambas cámaras a esta comisión”, argumentó el diputado de Encuentro Nacional, Raúl Benítez.
Criticó que la comisión fue diseñada para ser únicamente controlada por el cartismo y reclamó que nadie le dio “un cheque en blanco a una comisión para armar una lista negra o para perseguir”.
La CBI está conformada por los senadores Dionisio Amarilla, Gustavo Leite y Colym Soroka, mientras que los diputados que la conforman son Rodrigo Gamarra, Jatar Oso Fernández y Héctor Figueredo.
Lea más: CBI recurrirá a medidas judiciales para solicitar documentos a oenegés
“La gente tiene que saber que esta Comisión Antilavado Bicameral que no investiga lavado carece de toda legitimidad”, insistió Benítez.
Criticó que la comisión fue diseñada para ser únicamente controlada por el cartismo y reclamó que nadie le dio le dio “un cheque en blanco a una comisión para armar una lista negra o para perseguir”.
Lea también: Tabesa figura como el mayor aportante en oenegé de la esposa del senador Leite
Lo acompañó en la socialización del proyecto su colega Johanna Ortega, de la Cámara Baja, así como los senadores Esperanza Martínez y Rafael Filizzola.
Ortega cuestionó a los cartistas por criminalizar la labor de la prensa y filtrar los documentos que presentaron las organizaciones con fines de persecución.
Veto de la ley
Los opositores coinciden en que la CBI se desvió de sus funciones y que esto quedó comprobado con el audio filtrado del vicepresidente de la comisión, Gustavo Leite.
Sin embargo, el sector es consciente de que una mayoría de colorados copa el Congreso y puede frenar sin inconvenientes la propuesta.
“No tenemos muchas esperanzas de que se pueda aprobar, porque evidentemente hay todavía una línea política que baja desde el quincho y que, por supuesto, no va a permitir que esto se apruebe. Pero lo que nosotros necesitamos es tener un gesto ético desde el Senado y la Cámara de Diputados. Nosotros lo que no queremos es ser cómplices de este sistema de persecución, de odio y de miedo que se está instalando desde el Poder Ejecutivo”, dijo al respecto la senadora del Frente Guasu, Esperanza Martínez.
El proyecto tuvo media sanción en el Senado, pero sufrió modificaciones en la Cámara de Diputados a pedido del Poder Ejecutivo; ahora pasó nuevamente a la Cámara de origen para su estudio. Las modificaciones reducen las sanciones y excluye a varias organizaciones del control excesivo, pero los detractores advierten que el documento persiste en su objetivo de perseguir de ciertos grupos que cuestionan a la clase política y al Estado.
Nota relacionada: Aprueban a libro cerrado cambios a última hora a proyecto antioenegés
“También queremos que el presidente de la República, Santiago Peña, vete la ley antioenegés o anti sociedad civil”, agregó Martínez sobre la alternativa que queda para frenar la promulgación de la “ley garrote”.
A su vez, Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista, aclaró que la oposición defiende la potestad del Congreso de investigar y controlar, pero no para “bastardear” con fines particulares.
