“Firmó miles de decisiones judiciales contra la ley, sabiendo que estaban mal, con clara intención de favorecer a una de las partes (las empresas de cobranzas). Usaba documentos falsos… Y ahora menciona que no puede controlar a sus ujieres y oficiales de justicia diciendo que ‘nadie es un robot’”, cuestionó el parlamentario.
El senador y presidente de la Comisión de Investigación de la Mafia de Pagarés en la Cámara Alta continuó diciendo que Cibils “era pieza clave del esquema de estafa, embargando bienes o salarios de manera rápida, sin dar una posibilidad de defensa real a los afectados”.
El Juzgado más comprometido
El congresista expuso datos estadísticos que dan cuenta de que el Juzgado de Paz de La Encarnación es el más comprometido, donde se concentraron 104.894 cuentas judiciales activas, lo que representa unos USD 88 millones en montos embargados de todos los juicios ejecutivos del país. Esta cifra saltó a luz tras la investigación del Senado.
“El Poder Judicial, que fue cómplice de este esquema, que dejó en la ruina a miles de familias paraguayas, tiene la oportunidad de dar un mensaje claro por respeto a las víctimas de esta mafia”, publicó el senador en sus redes.
Ver más: Mafia de pagarés: Jueza de Paz culpa a ujieres y oficiales de justicia
“Esperamos justicia y que este caso no quede impune”, finalizó.
Declaró ante el juez
La jueza de Paz Analía Cibils, quien enfrenta cargos por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, hizo su defensa frente al juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, la semana pasada.
Alegó que ella no podía saber que los abogados presentaban pagarés para iniciar demandas en su Juzgado y a la vez en otra ciudad. También dijo que no tenía conocimiento de que los ujieres y oficiales de justicia no notificaban debidamente. “Nadie es un robot, es como que la Fiscalía quiera tildarme a mí y a abogados como una suerte de personas malas que buscamos perjudicarle a la gente; eso no existe”, mencionó la jueza.
Además de este caso, la magistrada enfrenta otra causa por enriquecimiento ilícito, que también está llevando adelante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. La investigación alcanza también a otros jueces.
Siete jueces de Paz están procesados por caso de pagarés
Al igual que la jueza Carmen Analía Cibils, otros seis magistrados más (algunos que ya renunciaron a su cargo) fueron procesados por sacar resoluciones violando la ley, y perjudicando a las víctimas con embargos por demandas iniciadas con pagarés ya cancelados o de contenido falso. También, con conocimiento de que nunca fueron notificadas debidamente.
Según la Fiscalía, el mismo modus operandi tuvieron el juez Gustavo Villalba (Juzgado de Paz de la Catedral 1° Turno), y los ex jueces Nathalia Guadalupe Garcete (Juzgado de Paz de la Catedral 2° Turno), Lilian González de Bristot (Juzgado de Paz de San Roque) y Víctor Nilo Rodríguez (Juzgado de Paz de La Recoleta). En otras causas paralelas, también fueron procesados la ahora ex jueza de Paz de Luque Norma Ortiz y el ex juez de Paz de la ciudad de Benjamín Aceval Roberto Carlos Ferreira.
Se sospecha que los jueces sacaron los fallos “a favor de las partes demandantes, torciendo el derecho”, pese a saber que los informes de los ujieres y oficiales de justicia eran falsos (notificación voladora), ya que estos hacían constar que notificaron a los demandados, pero en realidad no entregaban el oficio.