En una carpeta que consta de 30 páginas, los líderes opositores presentaron 16 puntos en los que acusan a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por supuesto mal desempeño en sus funciones.
Josefina Duarte, presidenta del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), citó entre los hechos que se presentan en el documento el caso de Curuguaty y Metrobús, así como también el proyecto de enmienda constitucional y la muerte de Rodrigo Quintana en el 2017.
El libelo hace mención, además, a la reciente imputación contra el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, y también a la presentada contra los jóvenes militantes del mismo partido, en el marco de la investigación de la muerte de Rodrigo Quintana.
El líder del PLRA, Efraín Alegre, consideró esto como un paso importante en vista de que “la mafia se apoderó de las instituciones democráticas”, en abierta alusión al ex presidente Horacio Cartes.
“Creemos que el éxito de este juicio político con la separación de Sandra Quiñónez del Ministerio Público será cortarle un brazo a la mafia. Sabemos que esta lucha no es fácil, pero este es un paso”, expresó a los medios de prensa.
Por su parte, Carlos Filizzola, del Frente Guasu (FG), calificó de lamentable, vergonzoso y repudiable “que el país tenga a una fiscala general del Estado como Sandra Quiñónez”, enfatizando en que su salida ha sido reiterada por el movimiento en varias ocasiones.
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No es la primera vez que Quiñónez está en la mira de los líderes opositores. En mayo pasado ya fue impulsado un pedido por parte del diputado liberal Édgar Acosta, que fue firmado por un total de nueve legisladores de la misma bancada.
La principal acusación fue la denuncia sobre una supuesta operación de la fiscala general a favor del empresario Karim Salum, para que cumpla la cuarentena en su domicilio y no en los albergues establecidos por el Gobierno para los viajeros, en el marco de la contingencia sanitaria por Covid-19.
Según había manifestado el legislador, no solo en este caso se dio mal desempeño, sino también en las irregularidades en torno a las obras del Metrobús, ya que no actuó de oficio, entre otras cosas.
En esa ocasión, el pedido de juicio político obtuvo 58 votos en contra y 18 a favor, por lo que fue rechazado.
