El Poder Ejecutivo emitió este martes el decreto 5996, mediante el cual se reglamentan artículos de la Ley 6.809/2021, que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social para mitigar el impacto de la pandemia del coronavirus (Covid-19), aceptando los cambios introducidos en el Congreso.
La ley de consolidación económica del Ministerio de Hacienda pretendía destinar USD 5 millones a las ollas populares, pero el congreso eliminó el presupuesto, dejando a familias de barrios carenciados sin recursos para los alimentos de unas 400 ollas. Se realizaron manifestaciones y hasta una carpa de la resistencia se instaló, pero no hubo respuesta del Gobierno.
De igual manera, La ley prevé destinar USD 3 millones a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para la asistencia alimentaria con la entrega físicas de kits de alimentos para posibles beneficiarios.
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No obstante, dichos fondos también podrán ser utilizados para financiar medidas para mitigar, preparar y responder ante los efectos de otros factores exógenos que generen daños y perdidas o la interrupción en los sistemas de la vida cotidiana de personas y comunidades, tanto de origen antrópico hidrometereológico u otros.
En ese sentido, se encuentran las sequías, inundaciones lentas y súbitas, incendios estructurales, pastizales y forestales, tormentas severas con fuertes vientos, caída de granizos y heladas, entre otros.
Es decir, podrá repartirse el dinero para dichos eventos, dejando de lado la asistencia a las ollas populares que benefician a unas 20.000 personas.
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La ayuda a las ollas populares ya había tardado en llegar por parte del Gobierno, tras el inicio de la pandemia en el mes de marzo del 2020 y fueron sostenidas gracias a las donaciones de la ciudadanía y contribuciones de los comensales.
Recién a partir de setiembre del 2020 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 6603 de apoyo y asistencia a las ollas populares, pero para julio de este año, los recursos de la SEN ya se terminaron. Las organizaciones pedían el veto y buscaban recibir los insumos al menos por lo que resta del año.
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La presente ley también destina USD 1 millón para el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) para la adquisición de alimentos para las comunidades indígenas.
