El aumento del déficit, empujado por las cuentas impagas que no estaban reflejadas plenamente en las cifras fiscales, terminó de sincerarse con el proyecto de Presupuesto 2027. Y volvió a poner sobre la mesa una pregunta que Paraguay suele postergar: Cómo financiar al Estado. Uno de los convocados habituales a ese debate es el director de la DNIT, Óscar Orué. No desentonó.
No es fácil encontrar una propuesta nueva en quien parte de la consigna inamovible de no aumentar tasas. El problema es que, descartada de entrada una herramienta, cada alternativa encuentra su propia excusa. El IRP recauda poco, tocar el IVA podría generar inflación, un arancel al tabaco sería difícil de aplicar, los incentivos atraen inversiones, el impuesto inmobiliario depende de los municipios, etcétera. Cada objeción puede tener algo de verdad, pero todas juntas producen la conclusión cómoda de no tocar nada.
Es cierto que todavía existe margen para recaudar más sin modificar tasas. La DNIT estima que combatir evasión y la informalidad puede aportar entre USD 600 y 800 millones –o USD 400 millones, dependiendo del día– y apunta a llevar la presión tributaria al 12% del PIB para 2029. El avance hasta el 11,4% en 2024 fue importante, y aunque luego cayó al 11,2%, ya conviene mirar lo que sigue después del 12%.
Hagamos un ejercicio deliberadamente optimista
El gasto tributario –lo que el Estado deja de recaudar por exoneraciones, tasas reducidas y tratamientos especiales– ronda el 1,7% del PIB. Supongamos que la DNIT alcanza el 12% y, además, eliminamos todos esos beneficios, recuperando cada guaraní. La presión tributaria subiría mecánicamente hasta alrededor de 13,7% del PIB. Sería el techo de un escenario muy optimista, pero aún estaría por debajo de los 18,3% de promedio regional, lo que muestra eficiencia y administración tributarias tienen límites.
Mientras el Gobierno resiste en su posición, el debate ya se filtró por las propias rendijas oficialistas. Beto Ovelar planteó elevar el IRE y revisar impuestos selectivos. Blanca Ovelar y otros senadores presentaron un arancel específico compensatorio al tabaco. No son propuestas equivalentes ni necesariamente correctas. Pero muestran que la restricción presupuestaria empieza a imponerse sobre el eslogan.
Hay reformas que merecen discutirse por equidad y eficiencia. El IRP sigue siendo absurdamente débil en la parte alta de los ingresos. El IVA conserva excepciones cuya justificación debería revisarse. La maquila tributa apenas 1% sobre el valor agregado nacional y el impuesto inmobiliario recauda muy por debajo de su potencial.
Hay, además, otro problema de fondo: no contamos con evaluaciones públicas sistemáticas que permitan saber qué incentivos generan inversión, empleo o productividad suficientes para justificar su costo fiscal. Sin esa evaluación, un beneficio temporal puede convertirse en derecho adquirido y cualquier revisión pasa a presentarse como una amenaza a la competitividad. Para quienes reciben el beneficio, el statu quo funciona bastante bien.
Nada de esto reemplaza la obligación de gastar mejor ni de combatir la informalidad. Presentar la eficiencia del gasto, la formalización y la reforma tributaria como opciones excluyentes es un falso dilema. La experiencia internacional muestra que los sistemas fiscales que sostienen mejores servicios avanzan sobre varios frentes a la vez.
La discusión no es si subir impuestos mañana. Es qué sistema tributario necesita Paraguay para financiar el Estado que dice querer. Mejor responder esa pregunta con tiempo, evidencia y consenso que hacerlo cuando la realidad ya haya elegido por nosotros.
