Nenecho usó ilegalmente G. 10.967.126.898 para financiar parte de las deudas de obras comprometidas con el bono G7, que se emitió el 2 de febrero de 2021 por G. 200.000 millones. Así lo indica el informe final del interventor Carlos Pereira.
“Los fondos fueron redirigidos sin una planificación transparente ni concordante con los fines establecidos para el endeudamiento”, dice la primera parte del documento, que subraya que los G. 500.000 millones desviados no se usaron para pagar por las obras comprometidas con el G8.
Entre los compromisos que debían asumirse con el bono G7, y que finalmente se pagaron con el G8, se mencionan el desagüe pluvial de la calle Rocío Cabriza, avenida Rodríguez de Francia, Isabel la Católica y Kanonnikoff.
También se mencionan compromisos por el mejoramiento de las calles Tacuary y 38ª Proyectada, Fernando de la Mora y Carlos Antonio López, Eusebio Ayala y Bruno Guggiari, y la “señalización horizontal y vertical de varias calles de Asunción”.
El informe apunta de manera destacada que en 2022 se usaron G. 415.511.775 para asumir un compromiso del “contrato UOC 3 N° 04/2021 de la licitación pública nacional correspondiente a la obra de desagüe de la avenida Doctor Felipe Molas López” (lote 1, ID N° 388.451). Indica que esta es otra obra pública “que no se encuentra vinculada con la emisión de los bonos G8”.
Por otro lado, en un recuadro en donde se expone a las empresas que fueron beneficiadas con el dinero desviado (en total, 22), se menciona a Compañía de Construcciones Civiles SA como responsable del “desagüe fluvial” de la cuenca de Molas López. Se precisa que esta empresa recibió, entre 2022 y 2023, un pago de G. 1.300 millones del dinero del G8.
Otras firmas beneficiadas y que tenían a su cargo las obras que debían pagarse con el G7, son las siguientes: Consorcio CPV (G. 2.107.234.614), Consorcio López (G. 1.596.003.219), Consorcio Señalización Central (G. 1.336.879.350), Tecnología del Sur SAE (G. 1.253.860.990) y Carlos Vicente Gueyraud (G. 459.966.210), Consorcio Nueva Esperanza (216.316.263), Construcciones y Viviendas Paraguayas (G. 1.336.879.350), Tecnología del Sur SAE (G. 1.253.860.990), Luis Rodrigo Bóveda Samaniego (G. 216.316.263), Consorcio Sajonia (G. 647.561.439), Consorcio Obras de Asunción (G. 934.880.511).
Esta operación de aparente bicicleteo ilegal sugiere que la administración a cargo de Nenecho no solo pidió préstamos para obras sin contar con proyecto ejecutivo previo (como ocurrió con el caso de la emisión del G8), sino que también habría operado con intenciones dudosas y engañado a los tenedores de bonos con el objetivo de contar con el dinero necesario para pagar por deudas que finalmente no se afrontaron con el dinero prestado para el efecto.
El paradero del bono G7, además, sigue siendo un misterio, puesto que los últimos balances presentados por Nenecho, en 2024 y 2025, no exponen en dónde se encuentra depositado el dinero. Ocurre lo mismo con el bono G6, emitido el 20 de febrero de 2021 y con el cual debían financiarse obras de mejoramiento y revitalización de plazas, proyecto que fue reprogramado supuestamente para reparar calles, según informaron ediles municipales.
El informe final del interventor tampoco da cuenta del paradero de este dinero. Consultado sobre la existencia de las cuentas bancarias, tanto del G6 como del G7, el director de Administración y Finanzas durante la intervención, Víctor Gamarra Popoff, respondió que no le constaba que existieran cuentas que correspondan a estos bonos.
En el legajo de los pagos realizados con el bono G8, se encuentra un recibo de la empresa involucrada en la obra de Mólas López. El informe da cuenta de un pago realizado el 29 de mayo de 2023 de G. 1.300 millones, pero el recibo expone un pago de más de G. 1.500 millones en fecha 30 de mayo del mismo año.
Ministerio del Interior.
“La razón exacta no sé, pero hasta donde tengo entendido, esos fondos cuando fueron emitidos fueron depositados en una cuenta operativa. Como los otros bonos. Cada bono fue creado con una cuenta posterior a ese desembolso. Entonces, por ejemplo, el bono G8 tiene una cuenta particular. El bono G3, el G4, cada uno de los bonos tiene una cuenta”, explicó.
“Hasta donde yo vi los documentos y los registros contables, el G7 no tiene, por ejemplo, una cuenta específica que es del bono G7. (...) G6 creo que no tiene tampoco”, añadió.
Entretanto, las obras que debían financiarse con el G7 sufren de grave deterioro e inclusive hay vidas que corren en peligro. Había G. 6.000 millones para el mirador de Itá Pytã Punta, que sufre riesgo de derrumbe y en donde ya se registraron desprendimientos recientes.
También debía haber G. 14.000 millones para la red de protección de incendios del Mercado 4, donde hay necesidades de reparación de múltiples sectores y además existe una escalera de emergencia, dentro del edificio municipal, que puede derrumbarse en cualquier momento, según la parte II del informe final de la intervención.
Finalmente, debían destinarse G. 18.000 millones del G7 a la Estación de Buses de Asunción, sitio en el que también se presentan variadas necesidades en la infraestructura que compone el techo, el suelo, los baños y los lugares habilitados para estacionamientos, entre otros.
Nenecho operó la reprogramación del dinero para la reparación de calles, pero lo hizo de forma “ilegal”, según el edil Álvaro Grau, puesto que no informó sobre este cambio a los tenedores de bonos.
“Ellos pidieron una reprogramación de forma totalmente ilegal porque no tenían ni el aval de la Casa de Bolsa ni de los tenedores de bonos o de los inversionistas. Y hasta ahora no se ejecutó ni un solo guaraní en esa supuesta obra que ellos iban a hacer de G. 18.000 millones para la construcción de pavimento o reparación de calles”, indicó Grau en una entrevista.
El informe del interventor, en su primera parte, da cuenta de un pago de G. 1.735.075.369 realizado en fecha 28 de abril de 2023 al consorcio CPV, involucrado en la obra de Isabel La Católica. En el legajo de los pagos del G8, se halla un recibo por valor de G. 1.906.200.156 registrado en la misma fecha.
Ministerio del Interior.
Nenecho desvió G8 para pagar deuda por bono G6, emitido en 2020
El informe del interventor expone también que se verificó la utilización de G. 52.252.904.110 en concepto de “Servicio de la Deuda Pública”, desglosado en G. 31.170.547.946 por intereses y amortización del bono G6 (emitido en 2020 por G. 100.000 millones) y G. 21.082.356.164 correspondientes también a pago de préstamo e interés.
En suma, los pagos destinados a compromisos financieros del Municipio, incluyendo tanto préstamos por déficit temporal de caja como el servicio de la deuda pública, ascendieron a un total de G. 147.221.397.326, lo que representa aproximadamente el 41,48% del total ejecutado con recursos del bono G8.
Esta situación, de acuerdo con el informe, “refleja que casi la mitad del financiamiento obtenido mediante endeudamiento fue orientado exclusivamente a pagos de naturaleza financiera, sin vínculo alguno con la ejecución de obras o inversiones de capital”.
El documento también resalta que hubo una “utilización violatoria” del G8 “mayoritariamente en el gasto corriente, dejando de lado la finalidad autorizada para los bonos que exclusivamente debió ser el pago de los desagües pluviales explícitamente autorizados, y ningún otro fin”.
